Para la mayoría de los chinos, Tiananmen es hoy un episodio borroso. Para los jóvenes, especialmente, el sangriento desenlace de aquel brote democrático es algo semidesconocido, cuando no olvidado.
Pero esa relativa inocuidad social, 20 años después de la gran matanza de civiles a manos del Ejército, no impide al Partido Comunista tomarse el aniversario como si de una grave amenaza de insurrección se tratase.
El Gobierno, congruente con sus métodos, lleva días deteniendo a disidentes y ha adoptado medidas extraordinarias para evitar protestas y cualquier expresión pública de crítica.
La habitual censura en periódicos e internet se ha hecho más estricta, se ha incrementado la vigilancia de sospechosos y se han cortado las emisiones extranjeras a propósito de la efeméride.
China ha cambiado profundamente desde aquella madrugada del 4 de junio de 1989 en que los tanques rodaron hacia la plaza de Tiananmen para aplastar semanas de protestas prodemocráticas de estudiantes y trabajadores. Ha llegado a ser en lo económico una absoluta potencia mundial, con la mejoría consiguiente para millones de sus ciudadanos. Pero el partido único no puede satisfacer el complejo conjunto de demandas de una sociedad que se moderniza y sigue aspirando a la libertad.
El eslogan “más democracia y menos corrupción” que iluminó las protestas sigue plenamente vigente.
Los chinos pueden hoy expresar relativamente su descontento, pero ahí se acaba todo. En materia de derechos humanos, Beijing permanece en un agujero negro. Siguen detenidos sin cargos manifestantes de 1989; la caza de disidentes nunca ha cesado, y la vigencia y extensión de la tortura es manifiesta, como acreditan los informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El cambio político en China está en el limbo e infinitamente lejana cualquier cosa que se asemeje a un sistema representativo. Este desprecio de los dirigentes comunistas por los valores democráticos se mantiene con la notoria benevolencia práctica de Estados Unidos y Europa, atentos por encima de todo, pese a las declaraciones grandilocuentes, a los beneficios a corto plazo de sus compromisos geoestratégicos y comerciales con el gigante asiático.
Beijing ha manejado muy bien esta hipocresía, hasta conseguir que el capítulo de los derechos humanos se haga definitivamente letra ilegible en sus relaciones con las potencias occidentales.