El impacto ambiental de un proyecto no lo determina el hecho de que la obra sea de tipo privada o pública. Si, por ejemplo, tengo la intención de construir una vivienda residencial junto a la desembocadura de un río, o el Gobierno desea construir en el mismo lugar un “Turiscentro”, el impacto del proyecto no variará por quién lo vaya a construir o por sus intenciones, sino por cómo se verá afectado el sitio del proyecto por la obra en sí, por el proceso de su construcción y por el uso que se le dé cuando esté terminada.
A mayor tamaño y mayores modificaciones que se requieran hacer al sitio del proyecto (entre otros factores), mayor será el impacto.
El estudio de impacto ambiental se creó, precisamente, para comprender cómo una obra (privada o pública) puede afectar el entorno natural de un área, y en caso de que la obra tenga un impacto negativo por encima de niveles aceptables, sugerir modificaciones o hasta la cancelación del proyecto.
Sin embargo, la Ley 177 dice: “Las actividades, obras o proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales que les sean aplicables, siempre que éstas hayan sido aprobadas por el Órgano Ejecutivo”. Es decir, las obras que el Ejecutivo considere no tendrán que hacer un estudio de impacto ambiental.
Al buscar en la opinión de sus proponentes el porqué, supuestamente, esta ley es un adelanto en algún sentido, lo único que se escucha es críticas contra quienes se oponen a ella, y que “esto agilizará las obras públicas”. Débil argumento. Esto es admitir que, dado que las regulaciones en temas ambientales son lentas o complejas, mejor dejar que el Presidente decida los casos en que mejor ni saber el daño que un proyecto pueda ocasionar. O sea, confiar ciegamente en las buenas intenciones, y cruzar los dedos para que en el futuro el medio ambiente no sufra un daño irreversible.
Por otro lado, el Gobierno continúa con la idea que se tenía décadas atrás de que “los ambientalistas” son hippies abraza-árboles que quisieran vivir en los bosques. Se niegan a comprender que ambientalista hoy día es toda persona con el conocimiento básico de que construir manteniendo un balance con los ecosistemas es la única forma de garantizar el éxito de la vida humana en el largo plazo. Y el estudio de impacto ambiental es un importante paso en esa dirección.
Creo que la gravedad de semejante cambio en nuestras leyes es obvia: Toda obra tiene algún impacto en su entorno. Por muy buena que sea la intención de “agilizar proyectos”, el no hacer un estudio de impacto ambiental en casos selectivos abre la puerta a mayores irregularidades en los proyectos que afectan nuestro ya abusado medio ambiente, y principalmente, es un retroceso en los intentos de nuestro país de tener un verdadero desarrollo sostenible.