Movido por la recomendación de la oficina de ética del Departamento de Justicia, el fiscal general Eric Holder ordenó el inicio de una investigación sobre la conducta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las denuncias de torturas a sospechosos de actividades terroristas.
La investigación, se ha dicho, se enfocará en una docena de denuncias de abuso a sospechosos de actos terroristas bajo la custodia de la CIA, sobre todo en prisiones en Irak y Afganistán, según un informe, elaborado en 2004 por la Inspección General de la CIA. Las partes del informe que hasta ahora se han filtrado a la prensa estadounidense acusan a la CIA y a los paramilitares contratados por la agencia para los trabajos más sucios, de realizar ejecuciones simuladas para forzar confesiones. Se menciona, por ejemplo, que durante un interrogatorio al presunto comandante de Al Qaeda Abd al-Rahim al-Nashiri, el principal sospechoso del asalto al buque de guerra “USS Cole” en el año 2000, los interrogadores le amenazaron con traer a su madre y a otros miembros de su familia para violarlos en su presencia.
El informe, que será publicado gracias a la demanda entablada por la American Civil Liberties Union (ACLU), un grupo defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, fue archivado por órdenes de la administración de Bush argumentando que su divulgación y una posible investigación subsecuente podrían poner en peligro la vida de agentes de la CIA, de los mercenarios contratados y la propia seguridad nacional.
Y es aquí donde el asunto pierde su dejo a nota roja y adquiere relevancia. Es evidente que, por su propia naturaleza, los servicios de inteligencia deben ser conducidos en secreto. Además, es razonable pensar que las autoridades de un país tienen la obligación de mantener en el anonimato lo que espían y las identidades de los espías. Más aún en esta época en la que países como Estados Unidos, España, Gran Bretaña o Francia mantienen una lucha frontal contra un enemigo que no da la cara ni cuando hace su aparición matando a inocentes civiles y destruyendo todo lo que le queda al paso.
En un Estado democrático, sin embargo, esta facultad del Estado no significa que quienes tienen como encargo defender la seguridad nacional no tengan que rendirle cuentas a las autoridades elegidas y, dentro de ciertos límites razonables, a toda la ciudadanía. Tampoco significa que los defensores de la nación pueden conducirse de acuerdo a sus propios instintos y dentro de sus propias reglas. Y aún admitiendo que los mecanismos de rendición de cuentas en Estados Unidos son ejemplo de transparencia y responsabilidad, es indudable que a menudo se pierde el rumbo.
Por eso es fundamental que el Presidente reitere que la tortura en los interrogatorios está prohibida y que EU se acoge a la normativa internacional vigente. Por ello, transparentar los métodos de operación de las agencias encargadas de la seguridad nacional es un imperativo categórico para la actual administración. Por ello hay que aplaudir la decisión del fiscal Holder de revelar el informe archivado y de proseguir con la investigación de los casos de abuso.
También es encomiable que aun cuando el asunto le costará políticamente, el presidente Obama haya dejado la decisión en manos del responsable del Departamento de Justicia.
Donde ambos fallan, sin embargo, es en la decisión de continuar con el programa llamado “Rendición”, que autoriza el traslado de sospechosos de terrorismo a otros países para que allá sean interrogados. En los países a donde van a dar los sospechosos de terrorismo la tortura es práctica común, no ocurrencia ocasional.
Lo que distingue a las democracias liberales de los regímenes autoritarios y dictatoriales es el respeto al estado de derecho y a la conciencia de los individuos; es su rechazo al abuso y a la intolerancia, sea quien sea quien la practique y para ello hay que mantener vigente la transparencia en los procesos y el sistema de fiscalización y balance de poderes que las define.