Pareciera que algunos funcionarios públicos que han promovido una agenda plagada de clientelismo político, los pájaros le han picado los sesos. Tal es el caso de las autoridades de Tránsito, empeñadas como están en hacerle insoportable la vida de los usuarios del transporte colectivo terrestre de pasajeros del área metropolitana. Apreciación que se desprende de la simple observación del hundimiento del “Plan de Modernización del Transporte Masivo y Movilidad Urbana para la ciudad de Panamá” (Transmóvil).
Por un lado está el mal manejo jurídico dado al programa de modernización del transporte, ocasionando que la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión de la licitación para la compra de los 450 primeros buses y, por el otro, la junta directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, rechazó la creación de una dirección en esta institución para la administración de los buses cuyos propietarios fueron indemnizados por la suma de 25 mil balboas.
Adicionalmente, voceros de la Contraloría General han anunciado que, probablemente, el contralor no refrendará el pago de las indemnizaciones a los dueños de buses. Y para hacer más desesperanzadora la situación de los usuarios de buses, los transportistas del sector colectivo amenazan con una paralización del servicio, si no se prosigue con el programa de Transmóvil.
Todas las personas involucradas en el tema del transporte masivo de pasajeros reconocen que la problemática del sector se deriva del anacrónico sistema de la “cuenta, el palanca y el pavo”. Que el reemplazo definitivo del actual sistema de buses por un sistema corporativo moderno de transporte masivo (tren ligero, monorriel, metro, etc.), es una solución de mediano y largo plazo (de tres a cinco años y de seis a 10 años).
De tal suerte que la parálisis observada en el Transmóvil, significa que en el corto plazo –próximos tres años– los líderes políticos pretenden que los panameños de a pie continúen con el suplicio que significa transportarse en un “diablo rojo” y tener que soportar los más inimaginables abusos.
También los expertos saben que se necesitan unos mil 500 buses para suplir medianamente la demanda del servicio en el área metropolitana, pero la triste realidad es que apenas circulan unos 900 transportes colectivos, sujetos a la voluntad omnímoda del dueño o conductor y no a las leyes, reglamentos y decisiones de las autoridades de tránsito.
Hablamos de un alarmante déficit de por lo menos 600 buses, que aunado al incumplimiento de las rutas, horarios y tarifas establecidas y a la indiferente e incapaz gerencia de la Autoridad de Tránsito; condiciona a los pobres de la capital de la República en seres irritables y a una situación de indefensión y desesperación absolutas.
En este escenario dantesco del transporte masivo, se aprestan a iniciar el período lectivo 2009, el próximo 13 de abril, unos 400 mil estudiantes de la ciudad capital y de San Miguelito. De más está decir que, como ha ocurrido en el pasado, ahora agravado por el déficit de buses, sencillamente nuestros niños y adolescentes no serán recogidos por conductores inescrupulosos u obligados por el peso de la “cuenta”; ya que por disposición administrativa, los estudiantes de primaria no pagan y los de segundo nivel solo tienen que sufragar medio pasaje.
Es claro que las contradictorias medidas de los distintos mandos oficiales ha paralizado el programa Transmóvil.
De allí que sugerimos al señor ministro de Educación, que para atender la demanda de transporte de los estudiantes de las escuelas oficiales del sector metropolitano, se organice un sistema de transporte estudiantil gratuito. Para ello debe solicitar el traspaso de los buses cuyos conductores ya fueron indemnizados y que se continúe con el programa de Transmóvil, y enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para hacer viable financieramente este programa mediante el incremento del 1% del seguro educativo.
En conclusión: voluntad y creatividad políticas, es lo mínimo que el pueblo humilde espera de sus políticos y gobernantes. ¡Así de sencilla es la cosa!
