Los tratados de libre comercio (TLC) son, sin duda, un gran avance en la dirección correcta. Promueven una apertura que induce a la producción nacional a ser más competitiva y eficiente. ¿Pero cuáles son las ventajas y desafíos de los tratados? ¿Cómo se pueden potenciar, a través de políticas públicas, los beneficios que se derivan de estos acuerdos en términos comerciales y económicos?
Una de las ventajas de los tratados modernos, como los suscritos por Panamá –en comparación a otros de anterior generación–, es que estos abordan un mayor número de temas, lo cual les confiere un carácter más integral. Por ejemplo, además de los capítulos para el comercio de bienes, los acuerdos contemplan otros capítulos para el comercio de servicios, el fomento de las inversiones y la resolución de conflictos.
En virtud de estos acuerdos, Panamá puede, potencialmente, interactuar de forma más dinámica con sus actuales socios comerciales: Colombia, México, Chile, El Salvador, Honduras, Singapur, Costa Rica, Taiwan, Guatemala y Nicaragua.
Otro aspecto positivo ha sido el hecho de que los tratados estimulan la inversión directa extranjera. Si bien, en general, Panamá presenta condiciones que propician la inversión directa extranjera, los tratados de libre comercio constituyen un incentivo adicional para que los países socios y otros inviertan en el país.
Esto es así, en virtud de que dichos tratados refuerzan el estado de derecho entre ambos socios, y refuerzan la confianza y transparencia mediante, por ejemplo, los llamados mecanismos para la resolución de conflictos, lo que motiva a los inversionistas a colocar activos en el país.
Sin embargo, uno de los desafíos para los futuros TLC de Panamá consiste en acelerar la reducción de los niveles de protección arancelaria que, por demás, afectan el potencial exportador local. La poca flexibilidad de Panamá en cuanto a negociar aranceles más bajos para la importación de ciertos bienes ocasiona que los países contrapartes, a su vez, erijan barreras para la exportación de servicios panameños.
Como se sabe, nuestra economía ha logrado desarrollar servicios altamente competitivos, con calidad de exportación, como en el caso de los servicios comerciales, bancarios, marítimos y legales por citar ejemplos. Ello ocasiona, por ende, un costo de oportunidad para Panamá que se puede medir en términos del valor final de los servicios que la nación debería mejorar, como es el caso de los ingresos por servicios de seguro, construcción y regalías. Otro factor limitante es que Panamá mantiene un déficit comercial con la mayoría de sus socios (ellos exportan más hacia Panamá, de lo que Panamá exporta hacia ellos).
Quizá la moraleja más importante de esto sea que los tratados de libre comercio por sí solos estimulan, pero de forma limitada, la competitividad. Dicho de otra manera, son una herramienta pero no un fin en sí mismo. De allí que el país requiera, de forma complementaria, fomentar políticas que potencien la productividad y la eficiencia para lograr niveles autosostenibles de competitividad.
En última instancia el mejoramiento de la oferta, tanto de bienes como de servicios panameños, a través de una mayor competitividad es la mejor garantía para que el país exporte más a los socios bilaterales o al resto del mundo (a través de tratados multilaterales como el de la Organización Mundial de Comercio, de la cual Panamá es miembro y que asocia a otras 152 naciones).
Por último, el tratado de promoción comercial entre Panamá y Estados Unidos, aún pendiente de ratificación por el Congreso norteamericano, reviste una importancia estratégica vital.
A pesar de las dificultades económicas que ha atravesado esa economía durante los últimos tres años, es claro que esta se encuentra en proceso lento, pero seguro de recuperación.
Hoy por hoy, ese país constituye, por un amplio margen, el principal socio comercial de Panamá. Atraerá inversiones extranjeras ubicadas en las riberas del Canal para exportar al mercado norteamericano.
