La gestión presidencial de Álvaro Uribe, durante dos períodos consecutivos, merece varios sí:
A su política de “seguridad democrática”, que ha doblegado a la narcoguerrilla, reducido los paramilitares a su mínima expresión y devuelto la paz a casi todas las ciudades y la mayor parte del territorio colombiano.
A su política económica, que logró la estabilidad, reactivó el crecimiento y potenció el gran espíritu emprendedor de los ciudadanos.
A su posición firme, además de inteligente y serena, frente al populismo autoritario y expansionista de Hugo Chávez y el Alba.
A su determinante influencia en la recomposición de un panorama político-electoral que ya no respondía a las necesidades, identidades y aspiraciones de los colombianos.
Pero, precisamente por estos y otros aportes a la democracia, la estabilidad y el desarrollo de Colombia y América Latina, Uribe también merece un rotundo no: a sus obcecados intentos por impulsar una reforma constitucional a la medida, que le permita optar por una segunda reelección consecutiva.
El miércoles 2 de este mes, el Congreso aprobó, por diferencia de un voto, la última versión de un proyecto de ley para convocar a un referendo sobre la reelección. Pocos días atrás, el Senado había hecho lo mismo.
Se requerirá ahora un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la ley de convocatoria. Como en Colombia existe real independencia de poderes, sobre todo del Judicial, su decisión es una incógnita.
Si fuera positiva, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, calcula que el referendo podría realizarse en enero o febrero del próximo año, a tiempo para las elecciones presidenciales de mayo. Otros propugnan porque sea simultáneo a las legislativas, en marzo.
Varios estudios de opinión indican que una amplia mayoría de ciudadanos apoya la segunda reelección de Uribe. Por esto, de realizarse la consulta, y de participar en ella, al menos, un 25% de los habilitados para votar, es casi seguro que triunfe el sí.
Es decir, el camino aún no se ha completado, pero los indicios de éxito son abrumadoramente positivos.
Uribe, hasta ahora, no ha declarado abiertamente su intención. En una muestra de elemental precaución política, el ministro Valencia declaró; “Habrá que esperar a que la norma quede en firme”. También el Presidente ha sido muy cauto en sus declaraciones al respecto.
Pero es un hecho que ni el Gobierno, ni la coalición oficialista “la U” se habrían movilizado masivamente, bajo la conducción del ministro del Interior, si no existiera una firme intención del mandatario.
Este es el problema.
La democracia colombiana no merece una reforma constitucional con nombre propio, aunque este sea Álvaro Uribe. Un tercer período consecutivo impediría una transición fluida en el liderazgo de la propia base política en que descansa el Gobierno; fomentaría el personalismo en el manejo de los asuntos de Estado; perpetuaría vicios que un cambio dentro de la estabilidad podría corregir sin traumas, y debilitaría la estructura institucional colombiana, base indispensable para su democracia.
En el frente externo, tendría el pésimo efecto de servir como legitimación para el continuismo de Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, y para dar alas a otras corrientes reeleccionistas latinoamericanas.
En mayo, Uribe reconoció que en Colombia existen “muchos buenos líderes”. Así es. Más aún, varios de ellos están o han estado junto a él. Lo paradójico es que, en los hechos, está desmintiendo sus declaraciones.
Por supuesto que serán los colombianos quienes, finalmente, decidirán con sus votos. Pero, por responsabilidad democrática y respeto a su propio legado, Uribe debería tomar la decisión de salir del juego. Aún está a tiempo.