Tres años después de la firma del acuerdo de paz que puso fin a la violencia postelectoral en Kenia, las víctimas de los disturbios que se cobraron unas mil 300 vidas y desplazaron a unas 300 mil personas siguen esperando que se haga justicia, ya que nadie ha sido condenado hasta la fecha.
El presidente del Consejo de Paz y Reconciliación de la barriada chabolista de Kibera, en Nairobi, Peter Mbugwa, explicó a EFE que su situación es “peor que hace tres años”, cuando miembros de la etnia luo, que denunciaban irregularidades en los comicios presidenciales de diciembre de 2007, irrumpieron en su casa.
“Perdí todo, hasta dos dientes”, indicó Mbugwa, miembro de la etnia mayoritaria en Kenia, los kikuyu, mostrando una sonrisa incompleta. Esta tribu, tradicionalmente dominante y mejor dotada para los negocios, fue objetivo inicial de las revueltas, ya que su candidato, el actual presidente de Kenia, Mwai Kibaki, fue acusado de amañar los resultados de las elecciones.
Según Mbugwa, la citación el pasado mes de diciembre de seis supuestos responsables por parte del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, no servirá para hacer una justicia definitiva.
Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Hussein Omar Hussein señaló que “hasta el momento ha habido muy pocos progresos, porque no se ha creado un tribunal local ni tampoco la intervención de la CPI ha solucionado nada”.
Omar Hussein expresó su apoyo a los juicios de los altos responsables de la violencia postelectoral en La Haya (sede de la CPI), pero se mostró favorable a la creación de tribunales locales que procesen al resto de los agitadores.
Una opinión que comparte el propio Mbugwa y Agnes, víctima de violaciones durante los disturbios de finales de 2007 y principios de 2008. “¿Solo seis personas destruyeron el país? Los grandes no sufren con estas situaciones, solo el pueblo”, aseguró esta activista pro derechos humanos, cuya casa quedó arrasada.