El referéndum del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para reformar la justicia y regular la prensa, ha sido aprobado en lo tocante a ambas cuestiones –había un fárrago de 10 preguntas– por diferencias tan escasas que muestran un país partido en dos. Victorias pírricas como esta no hacen ningún bien a nadie; ni al votante, ni al aparente vencedor.
Si Correa fuera un gobernante prudente comprendería que no se puede legislar en materias tan delicadas contra el parecer, no ya de una gran minoría, sino de una mayoría, porque la suma de votos nulos y en blanco deja muy lejos el sí del 50% más uno de los electores. Pero piérdase toda esperanza, porque el líder ecuatoriano acaba de decir que “la prensa es un nuevo opio del pueblo”, declaración envuelta en la repetida idea de que solo los poderosos tienen acceso a los medios de comunicación.
En un país como Ecuador, de bajísimos índices de lectura de diarios, es cierto que la prensa es artículo de consumo de las capas superiores de la sociedad; pero el Gobierno bien que se ha dotado de sus propios medios de comunicación, impresos y audiovisuales, con lo que nadie debería decir que no los hay para los más necesitados. Lo que ocurre es que la prensa ecuatoriana, que Correa llama burguesa, no está a las órdenes del Presidente.
Y así es como se formará un consejo regulador sumiso al poder, para velar para que los periódicos se comporten y que se apruebe también una ley de contenidos periodísticos, términos que apenas son un alias de la censura. Igualmente, en los próximos 18 meses, una comisión ad hoc domará la justicia, que es otro de los poderes que no controlaba la Presidencia.
Ecuador no es hoy por ello una dictadura, pero el presidente Correa debería entender que el camino a la justicia social no puede pagarse con monedas de libertad; porque se suele acabar sin la una y sin la otra.