La caída del presidente Manuel Zelaya, sacado de su residencia en pijama de manera abrupta a las 4:00 de la madrugada por un grupo de militares –lo que sin lugar a dudas es un hecho sin precedentes y rechazable desde todo punto de vista, que no veíamos desde la llamada Guerra Fría– amerita sin embargo un segundo análisis.
Y es que lo ocurrido en Tegucigalpa, como bien lo afirma la politóloga Margarita Montes, no puede verse como un simple golpe militar a mano de unos “cachuchones” insurrectos, sino como la decisión de la cúpula militar de deponer a un presidente constitucional legítimamente elegido en las urnas, para restaurar el estado de derecho en Honduras, que el propio presidente Zelaya había decidido quebrantar. Y es que Zelaya prefirió desconocer la Carta Magna en su artículo cuarto –que obliga a la alternabilidad del poder presidencial bajo pena de ser juzgado por traición a la patria, así como las decisiones asumidas en defensa de dicha Constitución por los poderes Legislativo y Judicial– en un intento por participar en la contienda electoral de noviembre próximo y perpetuarse en el poder.
Zelaya intentó a toda costa seguir los pasos de otros mandatarios de la región, que por tener popularidad creen que la obtención de la mayoría les brinda una especie de patente de corso para violar los derechos de las minorías, e imponer a su vez modificaciones constitucionales acomodadas a sus intereses personales y sus visiones caudillistas.
No pretendo avalar la actuación de los militares hondureños. De hecho considero que la cúpula que tomó la decisión de actuar por la vía militar y no la civil, como correspondía, debe ser separada de inmediato y de manera ejemplarizante de sus cargos. Sin embargo, a diferencia de la violencia y derramamientos de sangre a los que nos tienen acostumbrados los “golpes de calle”, esta podría llegar a ser la primera vez en que en América Latina se depone a un presidente constitucional, para garantizar la vigencia y respeto de una democracia representativa.
Al igual que los militares, la comunidad internacional, que ahora recula en sus decisiones iniciales, actuó de manera apresurada al exigir la restauración del presidente Zelaya en el poder. Lo hicieron temerosos tal vez, de que en sus propios países hechos similares pudiesen comenzar a darse nuevamente, lo que de alguna manera los justifica.
Sin embargo, lo que resulta verdaderamente lamentable es que la Organización de Estados Americanos, que tiene la obligación de velar por el respeto a la Carta Democrática que suscribieron todos sus miembros, actúe con la prontitud con que actuó para respaldar a un presidente depuesto por pretender violar un artículo constitucional pétreo. Peor aún, que sea su propio Secretario General quien viaje para pedir la restauración, algo que ciertamente no ocurre cuando gobiernos de izquierda o de derecha, ampliamente denunciados, violan y hasta violentan los derechos de sus ciudadanos y la institucionalidad democrática de sus países.