La presencia del presidente derrocado de Honduras, Manuel Zelaya, en la condición de “huésped” de la embajada brasileña en Tegucigalpa, puso en una posición difícil al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por sus detractores de haber “metido al país en un enredo” de difícil solución. El “caso Zelaya” puso en la defensiva a los artífices de la política externa brasileña, que en las última semana repitieron más de una decena de veces que el gobierno Lula “no tuvo participación alguna” en el regreso clandestino del presidente destituido a Honduras y que fue “totalmente sorprendido” por su llegada a la embajada en Tegucigalpa.
Las convocatorias de resistencia lanzadas por el mandatario derrocado a sus aliados desde la embajada son el principal blanco de las críticas a su presencia en la representación diplomática: “Zelaya está haciendo un mal uso de la embajada”, sostuvo el politólogo Sergio Fausto, de la Universidad de Sao Paulo. Las críticas no salen sólo de los detractores de la política externa del gobierno.
El lunes, el presidente del Senado, José Sarney, uno de los más estrechos aliados de Lula, acusó a Zelaya de “abuso” al convertir la embajada brasileña en un “comité político”. Al declarar este martes sobre el tema ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Celso Amorim enfrentó duros cuestionamientos sobre ese tema, así como sobre la permanencia de decenas de seguidores de Zelaya en la embajada. El canciller aseveró que Brasil ya logró que Zelaya redujera el número de sus seguidores –que llegó a superar el centenar y actualmente bajó a alrededor de 60–, y formuló sucesivos llamamientos a que el mandatario derrocado modere sus declaraciones, pero advirtió que Zelaya no está sometido a las normas que rigen el asilo político. “No podemos impedir totalmente a un presidente legítimo hacer declaraciones. Es una situación muy emotiva y yo no tengo poderes de coerción. Lo único sería ponerlo en la calle, lo que significaría arresto y quizá su muerte y una guerra civil en Honduras”, dijo.
En el último fin de semana, el gobierno de facto comandado por Roberto Micheletti otorgó a Brasil un plazo de 10 días para definir el destino de Zelaya y estableció dos opciones: entregarlo a la justicia hondureña o concederle asilo político. En respuesta, Lula afirmó que no acepta “ultimátum de un gobierno golpista” y sostuvo que los que hoy ocupan el poder en Honduras son “usurpadores”. Asimismo, Zelaya seguirá en la embajada hasta que se logre una salida política para la crisis hondureña que, a juicio de Brasilia, debe incluir necesariamente su retorno al poder. “Saldremos de ese enredo a través de la negociación entre las partes a las que les corresponde negociar. Este no es un conflicto entre Brasil y Micheletti, sino entre Micheletti y la comunidad internacional y, en particular, la comunidad de las Américas.