Una verdad innegable es que nuestro país es una maravilla ecológica. La diversidad de vida y ambientes con la que nos ha premiado la naturaleza constituye un enorme patrimonio que todos debemos conservar.
Igualmente claro es que dicho patrimonio puede ser una bendición para impulsar nuestro desarrollo y beneficiar a nuestras poblaciones marginales, si de forma inteligente lo aprovechamos de manera sostenible. En particular, utilizando este atractivo para lograr inversiones en el sector turismo, inversiones que permitan el desarrollo sostenible de esas áreas.
Si la promoción de este desarrollo no se hace desde sus inicios pensando en la protección del medio ambiente, acabaremos por no atraer inversión de calidad y, muy probablemente, no atraeremos ninguna, ya que los empresarios serios solo invierten en el sector turismo pensando en el largo plazo.
Porque soy un convencido de lo que acabo de afirmar, apoyo la iniciativa del Gobierno nacional de incentivar la inversión turística mediante la concesión o la enajenación de sus tierras, y vengo dedicando mis esfuerzos personales en hacerla realidad. Esta iniciativa presentada mediante el proyecto de ley No. 132 a la Asamblea Nacional, contiene, entre sus disposiciones, los mecanismos necesarios para evitar que la inversión se lleve a cabo en detrimento del patrimonio ecológico del país.
Lamentablemente, un grupo de ambientalistas ha tratado de desvirtuar un proyecto que es bueno no solo para el medio ambiente, sino también para la economía nacional y para las poblaciones que viven al margen del desarrollo económico por falta de inversión en sus regiones.
Estos señores, porque no conocen en detalle la legislación propuesta y sus exigencias en materia ecológica, se equivocan respecto a este proyecto de ley. Explico. Argumentan que el proyecto es malo, porque permite a los propios desarrolladores determinar ellos mismos la categoría del estudio de impacto ambiental exigida para la protección del medio ambiente.
Eso, si fuera cierto, sería en efecto dañino e inaceptable. Pero no lo es. Quien determina la categoría de dicho plan de protección es Anam. Un consultor ambiental es el que propone la categoría, basado en parámetros internacionales. La Anam la acepta y aprueba, o exige otra categoría. Es lo que dispone la legislación vigente. Ese eficiente sistema, sujeto a controles, y la consulta de la opinión pública no tiene nada que ver con lo propuesto por el proyecto de ley No. 132. Es más, en el caso de las islas, la legislación vigente exige que todos los proyectos sean considerados de categoría III, la máxima. Si en efecto se aprueban las propuestas de modificación de la ley que se han presentado, para que el Estado pueda llegar a contratar con el inversionista, deberá ser parte del contrato el propio Estudio de Impacto Ambiental y su plan de manejo, aprobado por la Anam.
En todo caso, lo que debemos hacer todos, y de manera especial los ambientalistas, es garantizar que se cumpla la ley vigente en materia ambiental.
Otros han advertido la fragilidad del medio ambiente insular, concluyendo que su concesión o venta y cualquier tipo de desarrollo acabará con él. Este grupo sencillamente se opone, como es su derecho, a toda inversión, y no cree posible el desarrollo sostenible de estos recursos colectivos. Se equivocan. Veamos por qué: La ley solo permite el desarrollo de tierras baldías propiedad del Estado que no se encuentren dentro de zonas de interés ecológico, comarcas indígenas, o a menos de 10 kms. de las fronteras. Las islas, en su mayoría, están ubicadas dentro de parques nacionales o en comarcas indígenas. Las restantes, en mayoría son de propiedad privada desde hace más de sesenta (60) años, y aun con esta propiedad privada se ha protegido el medio ambiente que disfrutamos.
Resultaría absurdo para inversionistas serios en el sector turismo, promover un desarrollo que afecte o destruya la única razón apetecible para visitar el destino turístico: el atractivo ecológico.
Más importante aún es señalar que no es cierto que no se pueda hacer desarrollo sostenible en islas. No solo está científicamente demostrado que se puede hacer de manera adecuada, sino que es la fuente que permite recursos para proteger el recurso ecológico.
Algunas islas han experimentado pérdidas de su riqueza ambiental, como Isla del Rey que ha sido saqueada forestalmente sin tener un plan que le proporcione el desarrollo de proyectos turísticos.
Lo que parece que se discute con el proyecto de ley 132, para ciertos ambientalistas, es qué clase de país queremos. Un país en que se acepta que resulte compatible la actividad humana con el respeto al medio ambiente, o uno en el que se decrete que cualquier actividad humana debe ser impedida para beneficio exclusivo del medio ambiente. Yo me declaro a favor de la primera opción, porque creo en el desarrollo sostenible.
