La sociedad panameña ha venido sobreviviendo a problemas a los que aún no se les han encontrado soluciones, y menos explicaciones objetivas, imparciales o científicas.
En esa lista de problemas podemos mencionar el de la recolección de basura y el cobro de la tasa de aseo. La disposición de los desechos concierne, en primer lugar, a cada familia, pero, por lo general, la orfandad cultural y de educación, obviamente, es el reflejo de la educación o instrucción que imparte el Estado, la cual es todo un desastre formal y sustancialmente. Pero, como decía la abuela, “sea pobre pero no cochino”, el adagio es aplicable tanto a los individuos de la sociedad como a las autoridades gubernamentales; de manera que, en las cuestiones del aseo público y disposición de la basura, es responsabilidad colectiva e individual, es decir, es de todos.
El costo de la recolección de la basura se hace más elevado para una sociedad inculta y/o carente de educación y conciencia. Con esta realidad, los gobiernos de turno (municipal o nacional) dicen afanarse en gastar millones de balboas en estructuras logísticas para la recolección de los desechos; pero lo cierto es que resulta en un gran negociado, ya que no parece dejar lecciones ni huellas por el desgreño administrativo e incompetencia notoria demostrada con los fiascos en el costo de adquisición de equipos, camiones, etc., más el alquiler de locales para talleres, depósitos, almacenaje de inventario de piezas y repuestos, combustibles y lubricantes, personal administrativo, talleres y de seguridad.
Las pérdidas de costo/tiempo en las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, asustan. Y, lo absurdo, por decir algo benigno, es que en el cobro de la tasa de agua se pregunta si también se va a pagar esta tasa de aseo, cuando la exigencia de pago debe ser, ineludiblemente, para ambos servicios. Esa práctica debe eliminarse para complementar la figura del arrendamiento financiero para la recolección de los desechos con mejores resultados a menor costo.
Algo similar acontece en la Caja de Seguro Social. El adagio “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” debe ser el lema de esta institución. Ningún “beneficiario” de la CSS resiste el viacrucis al que está sometido para lograr servicios médicos y hospitalarios y medicamentos. Es decir, con la CSS nadie es ni será longevo. La gran escasez o inexistencia de medicamentos, reactivos, insumos, etc., y la mora hospitalaria es un mal de vieja data que durará más de cien años. Vista las cosas así, se hace importante que la CSS y los hospitales públicos tengan una ley especial de contratación de bienes y servicios, sobre todo cuando se trate de medicamentos, reactivos, insumos equipos, instrumentos u otros elementos vitales para las prestaciones de los servicios inherentes a la prevención y curación de enfermedades.
Por ejemplo, a estas instituciones se les debe dotar de facultades para contratar directamente en los casos de urgencia nacional, urgencia clínica notoria (morosidad en la prestación del servicio o suministro del medicamento) o cuando el proveedor no cumple dentro del plazo razonable (no más de 3 meses) estipulado para la entrega total del bien o servicio licitado o que no se cumpla con la calidad licitada.
En tales casos, la respectiva licitación o contratación quedará irrevocablemente nula por disposición expresa de la ley. Estos licitantes o contratantes no podrán participar en las siguientes tres (3) licitaciones o contrataciones directas que realice la respectiva institución. Además, debe establecerse un sistema de recompensas para quienes denuncien estas ilegalidades, obteniendo un 50% de la multa o sanción a que se haga acreedor el licitante o contratante infractor.
El autor es abogado