Hace una semana se cumplieron 30 años de un hecho que debió ser glorioso por siempre, pero que un grupo de sus protagonistas convirtió en lamentable caricatura.
El 19 de julio de 1979, la dictadura de Anastasio Somoza se desplomó frente a la resistencia mayoritaria de los nicaragüenses, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El clamor nacional de entonces era instaurar la democracia y evolucionar hacia un estado de derecho fundado en instituciones republicanas, respetuoso de los derechos humanos, abierto a la competencia política civilizada y capaz de producir y distribuir riqueza de manera creciente.
Pero la realidad fue otra. Desde su victoria, los nueve comandantes que dominaban el FSLN iniciaron un sistemático asalto al Estado, que ha pasado por distintas etapas.
La actual, bajo la presidencia de Daniel Ortega desde enero de 2007, ha estado marcada por la irresponsabilidad administrativa, el autoritarismo, el retroceso económico y social, el favorecimiento familiar y el afán por perpetuarse en el poder.
Por algo su principal propuesta política, al celebrar el pasado domingo la “revolución”, fue un cambio constitucional, para establecer la reelección consecutiva: la misma receta de sus aliados Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Manuel Zelaya. La respuesta generalizada ha sido de rechazo. Por qué, a pesar de su turbio historial de 30 años, el FSLN y Ortega están de nuevo en el poder, es una interrogante sin respuesta fácil, pero con un claro elemento central: el depurado uso del clientelismo, la arbitrariedad y las alianzas inconfesables.
El proyecto marxista inicial de los comandantes, apoyado por La Habana y Moscú, no logró consolidarse. La mezcla de ineficiencia, torpeza, resistencia cívica, presión armada de la llamada “contra” y el plan de paz impulsado por el presidente costarricense, Óscar Arias, durante su primer mandato, permitió que, tras un período de virtual dictadura, la voluntad popular pudiera imponerse mediante los votos.
En enero de 1990, Violeta Barrios de Chamorro, de la coalición Unión Nicaragüense Opositora (UNO) venció a Ortega. Se abrió entonces un período de reconciliación y democratización, que reactivó las ilusiones populares. El suyo fue, quizá, el gobierno más democrático y transparente de toda la historia nicaragüense.
Sin embargo, la elección posterior de Arnoldo Alemán, caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), marcó un nuevo deterioro institucional, caracterizado por la corrupción.
Estableció una turbia alianza con Ortega, adversario ideológico, pero compañero de ambiciones. Pusieron el endeble andamiaje democrático al servicio de sus intereses personales. Se repartieron el control del Poder Judicial, la Contraloría, el Tribunal Electoral y otras instituciones. Modificaron las leyes electorales a su conveniencia y utilizaron todas las triquiñuelas imaginables para comprar, acallar o doblegar adversarios.
Enrique Bolaños, también del PLC, sucedió a Alemán como presidente. Se rebeló contra su predecesor, pero no logró desmantelar el sistema montado por ambos caudillos.
Gracias a leyes electorales a la medida y a la división de sus opositores, Ortega ganó la Presidencia, en noviembre del 2006, con apenas el 38% de los votos.
Con evidente oportunismo, se ha entendido con el gran capital y ha mantenido la alianza con Alemán, que también pretende regresar a la Presidencia. Pero la ha emprendido contra las organizaciones independientes, la oposición política (mayoritaria, pero fragmentada) y la libertad de expresión. Y en noviembre pasado orquestó un fraude masivo en las elecciones municipales.
Hoy, Nicaragua padece un engendro hegemónico y populista, con cascarón democrático, pero realidades autoritarias: una trágica caricatura de los sueños de hace 30 años. Un caso realmente trágico en la evolución política latinoamericana.