Recientemente, pudimos ver casos de insólitas publicaciones en redes sociales con amenazas hacia el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Por un lado, un nefasto video de un ciudadano, aparentemente colonense, con palabras fuertes y perturbadoras; por otro lado, el artista internacionalmente reconocido Kenny Man, amenazando e insultando por medio de publicaciones fuera de lugar que poco favor le hacen a su carrera artística, pues no es la manera apropiada de llamar la atención y atraer miradas.
Es digno de aplaudir la rápida acción de los estamentos de seguridad y justicia, pues ambos casos fueron atendidos inmediatamente y, en menos de 24 horas, ya se había aprehendido tanto a Kenny Man como al sospechoso detrás del deplorable video, bajo los cargos de apología del delito; sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué ha impedido actuar con la misma rapidez en los casos de amenazas recientes en contra de periodistas?
El pasado 11 de junio, la periodista Flor Mizrachi denunciaba ante las autoridades, con evidencia, amenazas por medio de mensajes de texto y vía telefónica. Han pasado más de 15 días de haber interpuesto las denuncias correspondientes y aún no se ha logrado capturar al responsable (o los responsables) detrás de las amenazas a la periodista.
De igual manera, podemos recordar las duras amenazas en contra del medio digital Foco expresadas por el abogado Ronier Ortiz, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, el pasado 29 de abril, quien dijo y cito: “Quiero que sepan, vamos a atacarlos. Después no queremos que estén llorando, porque son unos llorones, tanto ustedes como los que les pagan. Son unos cobardes y unos llorones. Después hablan de la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Por eso, Fernando [Correa], es que tú ves en México la lista de esos periodistas, que les gusta estar metiéndose en cosas que no les interesa, cómo va creciendo cada día, cómo son asesinados, porque al final del camino, hay personas que no tienen tolerancia”.
Dichas palabras fueron abiertamente condenadas por diversas organizaciones periodísticas del país pero, a la fecha, no hemos sabido de ninguna medida o sentencia dictaminada por parte de las autoridades ante tales amenazas.
¿No aplican estas palabras como apología del delito? La apología del delito se entiende como el intento de justificar acciones ilegales o de dudosa legalidad, normalmente mediante el discurso.
Vale la pena destacar que los ataques mencionados no solo constituyen amenazas a la integridad personal de los mencionados, sino también amenazas directas en contra de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en el país. Una libertad de expresión que se vio violentada durante la dictadura militar, por la que tanto se lucho a finales de los años 80 y que hoy, curiosamente bajo el mando del mismo partido político auspiciador de la dictadura de entonces, parece nuevamente requerir ser defendida de ataques en su contra.
Los casos anteriormente expuestos solo nos demuestran que la seguridad y la justicia en el país son selectivas, que actúan rápidamente en protección y defensa de una casta marcada y definida por una línea política; sin embargo, para nosotros, el pueblo, no existe la misma voluntad para defendernos.
El autor es ingeniero civil
