Legislación penal

Asuntos complejos

El Código Procesal Penal contempla un procedimiento especial para aquellos asientos que la ley misma califica como “Asuntos Complejos”.

El artículo 502 del mencionado Código señala de manera taxativa cuándo se entiende que se está ante una tramitación compleja. Esos casos son:

1. Por causa de pluralidad de hechos o;

2. Por el elevado número de imputados o;

3. Por el elevado número de víctimas o:

4. Por tratarse de delincuencia organizada.

Es sobre la base de esos cuatro casos señalados taxativamente por la ley y de manera disyuntiva, de manera que uno solo de esos casos puede dar lugar a que el fiscal solicite autorización para aplicar las normas especiales previstas en el Capítulo IV del Título VII sobre “Procedimientos Especiales”.

A pesar de que el artículo 502 citado habla de que el juez “podrá autorizar… la aplicación” de dichas normas, es obvio que esa facultad no puede ser ejercida caprichosamente. Tiene el juez que ceñirse obligatoriamente a los cuatro casos consagrados en la norma, sin exigir requisitos adicionales, como por ejemplo, exigir una “forma adecuada” (¿?) o que se detalle “las diligencias pendientes” o exigir que la Fiscalía señale otros términos o condiciones que la ley no prevé. Basta que se esté ante uno cualquiera de los cuatro casos que la ley señala para que proceda autorizar la aplicación de las normas previstas en el Capítulo IV.

La facultad del juez está para evitar que los fiscales añadan casos distintos de los previstos, no para añadir nuevos casos o requisitos que la ley no exige.

Cualquiera de los dos, juez o fiscal, que no se ajuste estrictamente a lo dispuesto por el artículo 502, estaría violando el principio básico de la “separación de funciones” que consagra el Artículo 5 del Código Procesal Penal. El inciso segundo de dicho artículo dispone:

“El Juez no puede realizar actos que impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales, sin perjuicio de los casos especiales previstos en este código”.

Al exigir algún juez condiciones o requisitos que no establezca el artículo 502 ya citado, estaría incursionando indebidamente en el campo de la investigación que corresponde exclusivamente al Ministerio Público, como lo establece el inciso primero del artículo 5 en su parte final: “…corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación”, razón por la cual el juez no puede realizar actos que impliquen investigación o ejercicio de la acción penal, como dispone el inciso segundo ya transcrito del artículo 5 del Código Procesal Penal.

Esta es la interpretación correcta del 502, a la luz de lo que dispone el artículo 1 del Código Procesal Penal que lleva como título “Interpretación y prevalencia de principios” y que dispone que el proceso penal “se fundamentará en las garantías, los principios y las reglas descritas en este título” (el I, denominado “Garantías, Principios y Reglas”) para terminar ordenando que las normas “contenidas en este Código deberán interpretarse siempre de conformidad con éstos”, entre los que se destacan la “estricta legalidad” (artículo 3) y la separación de funciones del artículo 5 ya transcrito.

El autor es abogado y secretario de la Association Henri Capitant, Capítulo de Panamá

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