Todo hombre tiene derecho a la educación, porque la esencia de la persona es aspirar a la plenitud. Para lograr un desarrollo integral él necesita asimilar los valores culturales y morales que le permitan el acceso a la verdad y al bien, y es tarea de la educación ponerlos a su disposición. En otras palabras, sin una formación completa es imposible alcanzar el bien común, máxima aspiración de la humanidad. Por ello, la educación es una de las primeras responsabilidades de la familia y de la sociedad. Solo cuando la enseñanza se inspire en un verdadero humanismo –que la haga consciente de que es el hombre el centro y la meta de su proceso– y proceda en consonancia con esa directriz, obtendremos resultados positivos de su acción.
Lo anterior supone orientar las diversas facetas de la función educativa con un sentido integral, que respete la unidad esencial de la persona; con un espíritu de igualdad, que reconozca la dignidad fundamental de todos los hombres, al tiempo que respete el principio de diferenciación, reconociendo su singularidad. Cada ser humano tiene ideas propias, aptitudes, vocaciones y decisiones que ninguna fuerza externa tiene derecho a violar, ni siquiera bajo la inspiración de vigencias colectivas.
A su dimensión personal, el ser humano une su estatus como miembro vivo de la comunidad social –tanto nacional como internacional–, que le reconoce derechos al tiempo que le plantea ineludibles responsabilidades. Esto, por ningún concepto, ha de entenderse como incompatible. Por el contrario, la medida más clara de una personalidad bien formada es su incorporación activa y beneficiosa a la sociedad, mediante el ejercicio racional de sus derechos y el cumplimiento consciente de sus deberes.
La educación, con el sentido de unidad que debe caracterizarla, habrá de tener presente este compromiso social del hombre y prepararlo, de forma adecuada, para que lo asuma.
Es oportuno recordar que este objetivo demanda, sobre todo, la proyección de una actitud vital, de hábitos morales y de las condiciones personales que conduzcan a lograrlo y, por lo mismo, deben ser propósitos que la educación se esfuerce por desarrollar en cada persona. Sin virtudes como la generosidad y la solidaridad; sin los hábitos de laboriosidad y perseverancia; y sin la capacidad de iniciativa y organización, difícilmente puede concebirse que alguien logre eficiencia social. Nada sería tan contrario a la preparación del hombre para la vida social, como el desatender y disminuir en importancia aquellas líneas de su formación personal que le aseguran, precisamente, la adecuada integración a la comunidad.
La educación que concibe el desarrollo social está al servicio del hombre, es la que mejor lo adiestra como instrumento del mismo desarrollo. Reducirlo, en cambio, a un simple elemento de promoción económica, sería dar al problema un enfoque meramente materialista, empequeñeciendo la dignidad, limitando las posibilidades personales y sacrificando, por ende, las propias aspiraciones de la sociedad. De manera consecuente, subrayar solo la atención a urgencias inmediatas, como la de producción y consumo, es trastornar la armonía del conjunto y exponerse a que la educación vuelva a quedar en situación de retardo, como ha ocurrido en Panamá en este lustro (2009-2014).
Si por el derecho de cada hombre a recibir educación esta debe entenderse como una tarea de la comunidad en su conjunto, entonces la diversidad de funciones sociales le impone al sistema escolar flexibilidad. La aspiración a la unidad nacional no puede traducirse en una rígida uniformidad en la formación, que omita la debida consideración a las aspiraciones de cada familia (la primera educadora), ni las variadas instituciones en que los hombres se organizan por sus creencias o ideologías, ni las disímiles condiciones geográficas, sociales y económicas que diferencian a unas zonas de otras dentro del mismo país. Es decir, deben considerarse los múltiples factores que, unidos a la singularidad personal de cada ser, influyen en él y perfilan aún más sus rasgos diferenciales.
Creemos, por lo demás, que es esta la fórmula más viable para llevar a la práctica el principio de la libertad de enseñanza reconocido en la Constitución Nacional.
