Conozco a varios de los integrantes del grupo de garantes que trabajó en el proyecto de la Autoridad Nacional de Salud (Anas), y sé que son personas capaces en sus respectivas disciplinas. Pienso que lo que proponen lo hacen desde una perspectiva de desprendimiento y con miras a lo que piensan que promueve el bien común.
La iniciativa de crear una entidad proveedora de servicios de salud del Estado, separada de las funciones regulatorias y financieras, que le corresponden al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social, respectivamente, resulta en una disminución del conflicto de intereses entre estas funciones. Por tanto, esta es la buena parte del proyecto.
Lamentablemente, las otras medidas que propone el proyecto, por bien intencionadas que sean, fracasarán porque no toma en cuenta la naturaleza humana. Paso a explicar una por una:
La asignación de recursos. Los servicios médicos proveídos por Anas serán pagados con los fondos que actualmente asigna el Seguro Social para tales fines, más una asignación global del Ministerio de Salud. Esto perpetúa la actual ineficiencia administrativa porque los recursos no son asignados de forma eficiente. El proyecto debería señalar que ambas instituciones pagarán por los servicios que presta la Anas, sobre la base de una lista de precios por tipo de servicio. Al hacer esto, tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social tendrán control sobre los gastos de la Anas, estableciendo un parámetro basado en resultados.
De mantenerse el financiamiento propuesto, las cifras asignadas seguirán creciendo y el servicio continuará deteriorándose. Eso es lo que ha venido ocurriendo hasta hoy. Pensar que creando una nueva institución pública, los que forman parte de ella serán "hombres nuevos" (como le escuché a uno de los garantes) es una verdadera ingenuidad rayana en la irresponsabilidad. Todos los sistemas que han tratado de cambiar al ser humano para "moldearlo" de forma que anteponga el bien común al suyo propio, han fracasado.
Hoy día, los servicios que proveen tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud tienen costos superiores a los precios que cobran los más exclusivos hospitales privados. Pero el servicio no tiene la misma calidad. Y no es el caso en ningún país, simplemente porque no está en el interés de ninguno de los actores del sistema (conflicto de intereses), excepto del sufrido usuario. Por otro lado, si la Anas tiene que ajustarse a un precio para proveer el servicio y sólo puede cobrar el mismo si en efecto lo brinda, entonces veremos un cambio de actitud en esta institución, por interés propio de los administradores y funcionarios.
Otro asunto en este tema de asignación de recursos es el límite de la cobertura y las condiciones de la protección. En un sistema que obviamente tiene un límite a sus recursos, este no puede brindar una cobertura ilimitada a todos, porque los recursos no alcanzan. Si la cobertura es ilimitada, con recursos limitados, el sistema acaba ajustándose automáticamente, afectando a los que no tienen enfermedades crónicas (es que los enfermos crónicos se organizan, presionan y logran que su cobertura esté asegurada, sin límite).
El monopolio. Lo dicho anteriormente se agrava cuando los usuarios no tienen derecho a escoger quién les brinda el servicio. Porque cuando los servicios públicos los brinda un monopolio estatal, la soberanía sobre el servicio lo tienen los políticos y los gremios; cuando se privatiza para beneficio de un monopolio privado, la soberanía del servicio recae sobre los propietarios de la empresa; pero cuando el servicio se brinda de forma libre por cualquier persona, pública o privada, la soberanía la tiene el usuario. Es el usuario el que decide a dónde ir y ese será el que le brinde el mejor servicio al mismo precio (porque ese precio es el que pagará el Seguro Social y el Ministerio de Salud). Si los garantes realmente desean el beneficio del usuario, entonces deberían ser honestos y otorgarle la libertad de escoger. Lo contrario es atender al interés de los políticos y de los gremios.
Es una lástima, pero el sistema propuesto es el mismo que mató a más de cincuenta personas. Estas personas murieron porque no tenían poder de elegir. Si pudiesen haber elegido adquirir la medicina producida por el Seguro Social o adquirirla de un laboratorio privado, es muy probable que muchos hoy vivieran. Pero nunca tuvieron esta opción.
En la propuesta hay otras cosas que también afectan, de manera secundaria, la eficiencia administrativa de esta institución, tales como la falta de normas de buen gobierno corporativo, la medición independiente de resultados, etc. Pero un análisis detallado no puede ser objeto de un artículo de opinión.
Termino señalando que, a pesar de todas las expresiones de buena voluntad que he escuchado de los garantes, tengo que decir que pienso que se dejaron limitar por criterios políticos predeterminados. Es decir, no buscaron la mejor opción, sino aquella que era la mejor dentro de los límites políticos que les impusieron. También pienso que están aún a tiempo para rectificar y transformar esta propuesta en una que realmente beneficie al usuario del sistema.
