Corría el año de 2017 cuando recibí una invitación para que concurriera, junto con otras personas cuyos nombres no me dieron, a una reunión en la presidencia, en la que se tratarían temas de interés nacional.
Ricardo Martinelli quien ya residía en Miami, y otros exfuncionarios de muy alto nivel de su gobierno, eran frecuentemente mencionados por esos días como posibles beneficiarios de coimas pagadas por Odebrecht para la adjudicación de contratos, cuyos precios se aumentaron artificialmente, para que una vez pagados por el gobierno nacional, dicha empresa pudiera cubrir los dineros de las coimas. Esto no sucedió únicamente con Odebrecht, sino con otras empresas como Finmecanica y otras más, en transacciones que han tenido por efecto la prisión de personas en otras partes.
Poco antes la Procuradora General de la Nación había aparecido en las noticias hablando de un presunto acuerdo “verbal-formal”, al que había llegado con Odebrecht, según el cual la empresa coimeadora aceptaba “devolverle” al Estado panameño, con un recargo en concepto de multa, las sumas que confesó haber pagado a funcionarios del gobierno anterior; que muy contentos se quedaron con ellas, callándose los sobreprecios que habían tenido las obras para cubrir dichas coimas y, naturalmente, las ganancias que habría obtenido la propia Odebrecht, porque solo en cabeza de tontos cabe que las coimas saldrían de las ganancias netas de los contratos, sin ningún centavo adicional incorporado como ganancia bruta.
La suma a devolver sería de 220 millones de dólares y el gobierno nacional, generosamente diría yo, premiaba a la coimeadora concediéndole un plazo de 12 años para pagar, pero podría continuar las obras que ya había comenzado, sin que se hablara de ningún ajuste de precios y hasta se le adjudicaron nuevos contratos de obras. (A esta fecha, según informes del Ministerio de Economía y Finanzas, aún no ha pagado un centavo).
Luego de tales declaraciones lastimosas, en la opinión pública se levantó una ola que reclamaba al Ejecutivo, a cuya cabeza estaba Juan Carlos Varela, que rescindiera los contratos convenidos con Odebrecht, lo que podía jurídicamente hacerse, sin responsabilidad para el Estado, haciendo gala de pulcritud en el manejo de la cosa pública.
En esta atmósfera, concurrimos a Palacio, entre otros que recuerdo, Sabrina Bakal, Laura Puerta, José Chen Barría, Jorge Eduardo Ritter y alguien más cuyo nombre se me escapa siendo recibidos en un salón de reuniones por los entonces ministro y viceministro de la presidencia. A éstos el Presidente les había encomendado la desagradable tarea de sustentar la inconveniencia de suspender los contratos que el gobierno mantenía vigentes, no obstante el lodazal que había en sus orígenes. La excusa era no dejar sin sustento a 4,000 trabajadores de la construcción y que en Panamá no había otras empresas con capacidad para llevar a cabo los trabajos requeridos, cuya terminación dijeron, era indispensable.
Cuando ya nos retirábamos de la reunión , los que nos habíamos quedado un poco atrás nos encontramos con el propio Presidente, que se dirigía tarde –y mucho- al salón donde nos habíamos reunido y, conversando de pie en el pasillo, nos repitió las razones que tenía en cuenta para no rescindir los contratos. Argumenté dándole razones jurídicas, políticas, económicas, éticas y de sentido común que de nada sirvieron.
Con el tiempo, aquel acuerdo “verbal-formal” anunciado por la procuradora se expresó en letras, se firmó y se hizo publicidad del logro como si de una condecoración se tratara. Me atrevo a asegurar que el mismo debe estar guardado en la gaveta de algún escritorio o archivador; esperando, como ocurre también en materia penal, la prescripción de la acción legal.
Después y antes de terminar el mandato de Varela, las noticias internacionales volvieron a informar de transacciones ilegítimas, esta vez desde España. Mencionaban a Odebrecht y a un tal Cachaza, personaje de poder político de primer orden en Panamá, receptor de donaciones ilícitas con dineros también obtenidos ilícitamente y, por tanto, comprometidos ambos con el blanqueo de capitales.
Hoy, cuando veo en los medios reiteradas citaciones a indagatorias al expresidente Varela, sobre quien, igual que como en el caso de otros expresidentes, pesan indicios de haber recibido dineros de Odebrecht y otras empresas, como él me pregunto quién habrá podido ser el Cachaza que con tanto poder político habría obtenido considerables coimas y no puedo evitar recordar su magnánima generosidad irresponsable con Odebrecht, que aún no le paga al Estado.
El autor es abogado y exmagistrado del Tribunal Electoral