Los poderes extraordinarios concedidos al Órgano Ejecutivo (léase Presidente de la República) para que ejerza, pro témpore, las facultades legislativas durante el receso del Pleno de la Asamblea Nacional, a objeto de crear el Servicio Nacional Aeronaval, modificar el Decreto-Ley del Servicio de Protección Institucional (SPI), implementar el Servicio Nacional de Fronteras, cambiar la Ley de la Policía Nacional, reestructurar el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional y el Servicio Nacional de inteligencia y Seguridad Pública.
Podría convertirse en una desafortunada y peligrosa decisión política, contraria al desarrollo de la institucionalidad democrática de los últimos años.
Preocupación por la cual estimamos conveniente realizar el más amplio debate público, primero, para someter a escrutinio el origen y objetivos de la iniciativa del Ejecutivo y, segundo, para discutir las funciones de la Fuerza Pública a la luz de la Constitución Política. En el presente escrito nos ocuparemos de la tesis inicial.
Para comenzar, hay que hacer una diferenciación entre los ejes temáticos de los primeros 15 Decretos-Leyes discutidos y sancionados por esta Administración, engendrados intramuros del palacio de San Felipe y diseñados para privilegiar a poderosos grupos económicos o, como manifestara en su momento de legislador, el hoy segundo vicepresidente de la República, para beneficiar a “intereses creados como el sector bancario”.
De los instrumentos de Ley con los que se pretende transformar estructuralmente los estamentos de Seguridad Pública. Tal como lo reflejan los objetivos y funciones de los nuevos servicios de seguridad propuestos, donde además de especificar las habituales tareas policivas, hay otras que son indiscutiblemente castrenses.
Por ejemplo, la norma que faculta al Órgano Ejecutivo a deliberar, indica que al Servicio Nacional Aeronaval se le asignan funciones de “salvaguardar la integridad territorial, defender la soberanía, así como la neutralidad y el funcionamiento del Canal de Panamá”; al Servicio Nacional de Fronteras las potestades de “salvaguardar la soberanía y la independencia nacional (y) la integridad territorial”. Todas competencias profesionales de los militares. En el Caso del Consejo de Seguridad y del Servicio de Seguridad se le confiere el poder de llevar a cabo actividades de inteligencia política, diligencias de ingrata recordación del pasado marcial. Estas disposiciones de convertirse en leyes colisionaran abiertamente con la Carta Magna.
Por razones obvias se vislumbra una total falta de transparencia en el debate palaciego de los Decretos-Leyes, que junto con los antecedentes inmediatos de la medida, esto es, las sucesivas visitas a Estados Unidos y entrevistas con el secretario de Defensa, señor Robert Gate, tanto del jefe de Gobierno como del ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, respectivamente; nos proporciona una pista certera de los autores intelectuales de la nefasta agenda de militarización de los servicios de policía.
En este mismo sentido, debido a la desaparición del “socialismo real” en Europa, a fines de la década de 1980 del siglo pasado, el paradigma anticomunista perdió toda utilidad para los propósitos hegemónicos de Estados Unidos, en consecuencia, la guerra fría, las guerras de baja intensidad y la política de seguridad nacional , debían replantearse desde otra perspectiva ideológica. Así surge la teoría de los neo-conservadores estadounidenses del combate contra el terrorismo fundamentalista islámico, a escala global; y la lucha contra el narcoterrorismo en América Latina.
En resumen, se puede aceptar como relativamente cierto lo expresado por algunas personalidades políticas y medios de comunicación social, en el sentido de que la iniciativa legislativa oficial apunta hacia la recreación de la otrora institución militar y probablemente al irrespeto de las garantías individuales consignadas en la Carta Política.
Pero es inaceptable que se le endilgue al PRD la autoría de este Plan. Como también es inexacta la afirmación –con fines electorales– que la estrategia es producto de la inclinación despótica del partido de Omar, resabio de su pasado cuartelario.
Para nadie es un secreto que la legislación comentada responde a la instrumentalización del “Plan Mérida” para alinear al gobierno nacional a la visión guerrerista de los sucesores del frío Bretón. En otras palabras, esta es la versión mesoamericana del designio geopolítico norteamericano.
Felonía que encuentra su explicación, en última instancia, en el tradicional e indigno comportamiento político de la oligarquía criolla de “buscar arrimo de ajeno poder”. Mientras que por el lado del imperio es el resultado de los cambios estructurales de la economía planetaria, originados por las crisis energética, hídrica y alimentaria, la debilidad del dólar yanqui, la prolongada y costosa guerra de Irak y el potencial conflicto bélico con Irán. Estimulada también –al decir de don Justo Arosemena– por la histórica codicia del dragón. ¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es coordinador del Frente Democrático Torrijista
