Balas y más balas. Las noticias sobre muertos ya no sorprenden ni conmocionan a los vecinos. La violencia se hace sentir en toda la geografía nacional; y pareciera no haber zonas seguras ni lugares que brinden tranquilidad. Aunque parezca exagerado, es un flagelo que sigue ganando cuerpo. ¿Cuál es el futuro de un país que se embellece con esplendorosas edificaciones, pero que se desgarra en sus valores morales? Los esfuerzos para enfrentar esta realidad, ¿llevan las respuestas que la población necesita o no?
Ni “mano amiga” ni “mano dura”. Son consignas llamativas para mercadear una sana intención, pero hasta ahí. En los modelos para enfrentar la inseguridad no están las respuestas estructurales de una efectiva política pública de seguridad, que dé a los ciudadanos la tranquilidad tan anhelada para la convivencia. Y no será así, hasta que se trabaje en las causas profundas del problema, con visión integral.
Un repaso a lo que ocurre en Centroamérica, zona considerada de alta peligrosidad, refleja el fracaso de los más diversos modelos y esfuerzos para lograr esquemas de seguridad exitosos. Salvo Nicaragua, con buenos resultados, a pesar de haber vivido una confrontación armada, el resto de los países no encuentra el camino que conduzca a panoramas menos deprimentes y trágicos en cuanto a cifras del pandillerismo, asesinatos, robos y narcotráfico. A esto se suman los gastos cuantiosos que impactan los presupuestos nacionales.
Entonces, ¿en qué se ha fallado o es que no hay al final la posibilidad de superar esta agobiante realidad? Tal interrogante se la hacen más y más panameños que sienten al país decaído en temas de seguridad. Si, en efecto, se aumenta el número de efectivos policiales y se dispensan más recursos, algo tiene que estar ocurriendo para que así mismo aumenten las acciones delictivas, no solo en las zonas tradicionalmente consideradas como problemáticas, pues hablamos de una situación que se ha tomado el territorio nacional.
En una sociedad cuyos resortes son tan desiguales; con barrios abandonados a su suerte, en los que lo común es la anticultura, y no ajena al mal vivir que impone una sociedad que discrimina, las colectividades (una parte) reaccionan a la deplorable situación, integrándose a una convivencia que será disfuncional y, por tanto, caldo del cultivo para las conductas antisociales. Quizás por esto no sea válido hablar de modelos fracasados, sino de la ausencia de políticas públicas que, a partir de consideraciones de fondo, brinden respuestas estructurales y sostenidas, mediante un tratamiento funcional que permita revolucionar la conducta de aquellos que desde niños son desfavorecidos y optan por el crimen. Las respuestas integrales no resultan de la noche a la mañana. Tampoco son posibles, sin el ejercicio combinado de toda la institucionalidad estatal, los poderes privados y de las familias, muchas agobiadas por los problemas que no se detienen.
La complejidad que vivimos es superable, si cambiamos la superficialidad de las medidas con la que se trata este flagelo.