La corrupción está de moda, al menos en países latinos como el nuestro. La corrupción dentro de la FIFA tiene a todo el mundo pendiente de los noticieros. Ya se veía venir un escándalo de tal tamaño con la diferencia de que este no quedará solo en el escándalo. La investigación, al estar acuerpada por el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por la recién estrenada fiscal general, Loretta Lynch, al frente, garantiza que no será un show mediático, como el que se vive en nuestro país día a día.
La fiscal fue enfática al decir que los implicados enfrentarán duras penas de prisión más la confiscación de todos los bienes ilegalmente recibidos, producto del soborno, el chantaje, el blanqueo de capitales y la corrupción, y que lograron gracias al abuso del poder y a las posiciones de confianza dentro de la organización que rige el fútbol. Según señaló, la sanción busca crear un precedente para los órganos que gobiernan la FIFA.
A la hora de detener a los implicados no se hizo excepción de ninguno en particular. La justicia en los países del primer mundo es igual para todos y no opera la benevolencia de los fiscales de la causa, al ejercer el rol que conlleva una investigación de tal envergadura. Lo que importó fue el delito cometido, el daño causado y las artimañas de las que se valieron los acusados. Se pudo ver que ni la ancianidad del detenido brasileño fue óbice para su arresto, y que él terminó, al igual que sus colegas, tras las rejas pese a los millones que tiene.
Si comparamos ese hecho que ocupa la palestra pública mundial con los casos domésticos de corrupción, vemos que el manejo ha sido totalmente distinto, y no me refiero a la normativa, pero sí a la forma y al fondo.
En Panamá hay leyes de sobra. Los delitos de corrupción de funcionarios públicos, el blanqueo de capitales, el pago de sobornos, etcétera, están tipificados y la sanción está claramente establecida en el Código Penal panameño. Aquí a lo que tememos es al trato benevolente y tibio que se le dispensa a los sindicados, que en la pasada administración de gobierno sobornaron, corrompieron y repartieron maletinazos, a diestra y siniestra, en concierto con empresarios del sector privado que pertenecían al “círculo cero”, a cambio de contratos jugosos en perjuicio del país.
Aquí se han escuchado confesiones con nombres y apellidos, modus operandi y hasta negociaciones para devolver de forma voluntaria lo hurtado.
Señores, el sindicado es el último que debe tener derecho a negociar. Por ley, lo robado se confisca en su totalidad y se revierte al Estado. Hay que olvidarse de la salud emocional o física de los implicados, esos bandidos ya se dieron cuenta de que con el cuento de sus quebrantos de salud pueden lograr que los fiscales se apiaden y los beneficien con medidas cautelares que no son cónsonas con el delito cometido.
¿Por qué no pedirles que consignen fianzas millonarias de excarcelación?
¿Cuántos de esos nuevos millonarios pasaron por el fisco y pagaron impositivamente su incremento patrimonial mal habido? A lo mejor ninguno, esto supone que la Dirección General de Ingresos los investigue por evasión fiscal.
La corrupción no puede ganarle a la justicia, por muy benevolente que esta sea. Por eso, los agentes del Ministerio Público deben ser enérgicos con todo aquel que infringió la ley, para que los paños tibios queden fuera de cada proceso.