La mayor parte de las personas son bastante decentes, pero el poder corrompe” dice el historiador holandés Rutger Bregman, en su libro “La humanidad: una historia esperanzadora” publicado el año pasado durante la pandemia. Quiero creerle. Especialmente hoy, en que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción.
También infiere Bregman, que cuando las personas están involucradas en esquemas públicos dañinos para la sociedad, se autoconvencen de que no están del lado equivocado de la historia, por alguna lealtad de grupo o familiar. Llegan a creer que no están haciendo un mal a la tribu. Concepto que, por supuesto, no es nuevo. No sé realmente si me adhiero a la teoría de la decencia básica o si, como ha dicho Arturo Pérez Reverte, “en todo se impone la sucia y puerca condición humana”.
¿Cómo se explica lo que este gobierno le está haciendo al país con la planilla estatal y los individuos que lo permiten? En este diario y otros medios, se publicó la semana pasada la escalofriante noticia de que, en septiembre, al cierre del tercer trimestre de este 2021, la planilla del sector público le costó al país $3 mil 506 millones. Este gasto en salarios en 9 meses equivale a dos veces los aportes del Canal al Estado en el año fiscal 2021, que ascendieron a $1,760 millones.
En una carrera (loca) la planilla estatal ha venido creciendo desde 2019 sin poder mostrar una mejora real en los servicios que presta el Estado a la ciudadanía. De acuerdo a datos publicados, en septiembre de 2021 la planilla reflejó un crecimiento de 14 mil 529 funcionarios más y un gasto adicional de $19 millones en comparación a septiembre de 2020. Ya en septiembre de 2019, se registraron 237 mil 84 funcionarios en el sector público, mil 131 funcionarios más si se compara con los 235 mil 953 que había en septiembre de 2018. En plena pandemia, con miles de contratos suspendidos y desempleo en el sector privado... ¿Se trata de un “Plan PRD Solidario”?
Y no se trata solo de los recursos del Canal, también se suma el acelerado endeudamiento internacional a partir del marzo de 2020 para mantener “la fiesta andando”. Recordemos que, en julio de 2019, con escasamente un mes en el poder, el gobierno suspendió la aplicación de la Carrera Administrativa e inició el despido de funcionarios y nombramientos de copartidarios y afines, sin seguridad de concursos o carrera por mérito, fenómeno que ha sido harto estudiado a nivel internacional como una condición que restringe la independencia del funcionario para resistir o denunciar los actos de corrupción.
Cuando hablamos de lucha anticorrupción en el sector público -y que conste, el sector privado es a menudo parte del problema y como tal hay que tratarlo- el espectro es amplísimo -tanto que no se sabe ni poder comenzar ni cómo abarcarlos. Van desde la administración de justicia hasta los flujos de dinero ilícito y el blanqueo de capitales, pasando por la caja negra que es la Asamblea, los pésimos servicios de salud, transporte, educación, agua, obras públicas... entre otros. Pero todos, todos, articulados o regulados por entidades estatales y sus funcionarios. ¿Cómo vamos a luchar efectivamente contra la corrupción si no comenzamos por el factor humano en el sector público?
Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, este sistema clientelar contribuye a la desprofesionalización del servicio público, impacta la planeación de programas y su ejecución a largo plazo y reduce la calidad de los servicios que debe prestar el Estado. Socava, además, los derechos humanos de los panameños, tanto los civiles, como los sociales, al no recibir servicios dignos o no tener acceso del todo a ellos. Y cabe mencionar: mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos y la correlación es ya innegable: la corrupción merma el goce y aplicación de los mismos.
Para añadir sal a la herida, las agencias de control de la función pública son ineficientes, cómplices en perpetuar la impunidad de los tres poderes del Estado. Y la reciente Ley No. 258, sancionada por el presidente el pasado 26 de noviembre, es un chorro de jugo de limón sobre la herida ya salada: traslada la facultad de investigar a altos funcionarios del Ejecutivo del Ministerio Público a la Corte Suprema. Todas son vías abiertas para impunidad, que garantiza la corrupción. El diligente colega Ernesto Cedeño ya demandó su inconstitucionalidad, esperanza chica, pero esperanza al fin.
Miremos a nuestro ganso de los huevos de oro: Canal de Panamá, cuyo sistema de nombramientos, rendición de cuentas, competitividad, eficiencia y rendimiento es lo opuesto al gobierno nacional. Es irracional e injusto que los preciosos recursos y ganancias que produce el Canal terminen alimentando esa abultada e ineficiente planilla estatal.
¿Podremos detener esta carrera (loca) de más nombramientos de la casta política y caminar a un estado más eficiente y capaz de resistir la corrupción? Para ello requeriríamos esa “decencia básica” en los individuos... ¿o estaremos a merced de “la sucia y puerca condición humana”?
La autora es abogada y escritora
