SANTO DOMINGO –Los 5 mil millones de dólares de ayuda de corto plazo para Haití y los 10 mil millones que se prometieron para su reconstrucción a largo plazo en la Conferencia Internacional de Donantes, celebrada el 31 de diciembre, son un voto de confianza en el potencial de las acciones internacionales colectivas. No obstante, el asunto no se limita solo al dinero; se trata de saber si el sufrimiento de Haití habrá de abordarse únicamente como una crisis humanitaria más o como un problema estructural de creación del Estado –una búsqueda de estabilidad institucional y desarrollo sostenible a largo plazo.
Es notorio que fueron los vecinos dominicanos de Haití los primeros en medir la magnitud del problema y la naturaleza global de la solución que se requiere. La decisión del gobierno dominicano de celebrar una cumbre sobre el futuro de Haití tiene el objetivo de asegurar el compromiso continuo de la comunidad internacional con ese país, más allá de la generosa respuesta a la catástrofe que produjo el terremoto de enero.
Además de armonizar el flujo de las donaciones y una lista acordada de proyectos de desarrollo, el presidente dominicano, Leonel Fernández, desea dejar claro que la tarea es a largo plazo: la refundación del Estado haitiano, que está por convertirse en un Estado fallido. Fernández, quien cree en la naturaleza básicamente política de la tragedia de Haití, aspira a convertir la crisis actual en una palanca para la creación del Estado, para sacarlo del aislamiento político y para que madure como miembro activo de la comunidad regional y mundial.
Hay que esperar que la crisis económica global actual no socave la confiabilidad de los compromisos del mundo con Haití. Después de todo, aun en tiempos de prosperidad, la comunidad internacional se ha distinguido por hacer grandes promesas que no cumple cuando se trata de desembolsar el dinero.
Mantener vivo el compromiso de la comunidad internacional –es decir, encontrar una solución internacional a la tragedia de Haití– es una necesidad vital para los dominicanos. El motor de su iniciativa es básicamente el temor de que una vez que se atienda la crisis humanitaria inmediata en Haití, los problemas subyacentes del país se abandonen a la puerta de sus “prósperos” vecinos del otro lado de la frontera.
Un caso como la Isla de la Española, en el que una simple frontera puede reflejar diferencias tan grandes, no es común. De un lado de la frontera está el país más pobre del hemisferio occidental, en el que el 56% de la población vive con menos de un dólar al día. Del otro lado de la isla se encuentra una democracia estable con perspectivas promisorias de un futuro razonablemente próspero. Para los dominicanos, ayudar a que Haití se desarrolle y alcance una estabilidad política es la mejor forma de salvaguardar su propia estabilidad.
Esa también fue la lógica del Proceso de Barcelona de finales de la década de 1990, a través del cual la UE trabajó para promover el desarrollo y democratización de los países del Magreb como la mejor manera de frenar la incontrolable ola de inmigración ilegal a Europa. Sin embargo, a diferencia de la UE, la República Dominicana no es un gigante económico que puede asumir toda la responsabilidad de sacar a Haití de su miseria bíblica.
Los dominicanos tienen razón en buscar al menos un compromiso regional más fuerte. La crisis de refugiados haitianos de principios de la década de 1990 desafortunadamente mostró que ningún país en la región –incluidos EU, que repatriaban la mayor parte de los inmigrantes ilegales o los confinaban al trabajo duro en los campos abiertos en la Bahía de Guantánamo– estaba listo para absorber a los haitianos que huyeron de su país políticamente fracturado.
Mientras que el Estado haitiano siga siendo frágil y la economía del país continúe deteriorándose, la red de mafias que viven de la inmigración ilegal hacia la República Dominicana seguirá floreciendo. Actualmente, alrededor de un millón de haitianos viven en la República Dominicana, pero sólo cerca del 10% de los trabajadores haitianos en dicho país están allí legalmente, situación que incentiva su explotación por empleadores codiciosos. La mano de obra haitiana barata se ha convertido en un sustituto de la mano de obra dominicana menos calificada de forma que provoca el aumento de las disparidades de ingreso y pone una carga excepcional en las finanzas públicas del país y los servicios debido a los menores ingresos fiscales.
Aunque la República Dominicana sufre sus propios males sociales y económicos –él mismo es un exportador de emigrantes hacia EU, Puerto Rico y España– ciertamente tiene un papel que desempeñar en la reconstrucción de Haití. Sin embargo, debe superar las actitudes exclusivistas adoptadas por muchos miembros de su clase política, sobre todo teniendo en cuenta que mucho de su crecimiento económico en años recientes refleja la contribución de la inmigración haitiana.