Tarde o temprano tenía que suceder. Primero triunfó la noción políticamente correcta de la justicia universal, conforme a la cual hay crímenes contra toda la humanidad, que deben serjuzgados por poderes internacionales. Nadie parece haber pensado que esto contribuye a la politización cabal de la justicia y a que, por ejemplo, el juez español Baltazar Garzón sea el héroe de la justicia universal, porque valientemente persiguió a Pinochet y nunca jamás le tosió a Fidel Castro. Una vez consolidada, esta fantasía echa a andar. Si la humanidad es objeto de asesinatos, ¿cómo no concluir que su empobrecimiento también es un crimen? En esa línea, las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa escribieron en diario El País un artículo ampliamente celebrado bajo el título: “Crímenes económicos contra la humanidad”.
Aquí un párrafo crucial: “Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros”.
Con este tipo de pensamiento pretenden que se juzguen crímenes. Mezclan cosas distintas y lo que describen es engañoso: no hubo nada parecido a una “liberalización sin control de los mercados financieros”, y Alan Greenspan no se opuso a ultranza a la regulación. El argumento de estas doctoras ignora cómo es el sistema financiero en todo el mundo: público, regulador y monopólico. Y cuando estalla una crisis quieren que se enjuicie a empresarios o banqueros, como si hubiera un mercado libre, como si no hubiera un sistema de bancos centrales.
No tranquiliza el que traten a los parados como “víctimas de los crímenes económicos”. ¿Pretenderán enjuiciar a los políticos y sindicalistas contrarios a la liberalización del llamado mercado laboral? Acusan del encarecimiento de las materias primas a los “especuladores”, como si aquí las autoridades monetarias y fiscales no tuvieran tampoco responsabilidad alguna.
Finalmente, la heroína salvadora: Islandia. Ponen en los altares a las autoridades de ese país, que es el nuevo caballero blanco del progresismo, porque no rescató a los bancos y no pagó la deuda. “Islandia no ha socializado las pérdidas”. Pero Islandia no rescató a los bancos porque no podía: la suma habría sido inalcanzable porque las deudas se habían contraído en moneda extranjera, como explicó Juan Ramón Rallo en La Ilustración Liberal.
Las autoridades, responsables del desaguisado, optaron, como las de mi Argentina natal hace 10 años, y por las mismas razones, por no pagar. Y esto, que significa dañar a miles de ciudadanos que habían invertido su dinero en títulos islandeses, no es algo que las profesoras Benería y Sarasúa piensen que se parece a “socializar las pérdidas”. Porque para ellas lo único que importa es que los mercados “estén al servicio de la sociedad, y no viceversa”. Como si los mercados pudieran existir si no sirvieran a la sociedad. Como si el no mercado –es decir, la coacción política y legislativa– por definición la sirviera.