El régimen que gobierna en Venezuela avanza en su empeño destructor de la República para sustituirla por un Estado socialista a la cubana. En varias oportunidades nos hemos referido al tema, preocupados por la indiferencia de importantes sectores y personalidades de la vida nacional.
Pareciera que calculadamente evaden la responsabilidad de fijar una posición frente a lo que sucede. Sin embargo, no hay lugar para la ignorancia ante lo que está a la vista, por lo que se trataría de comodidad, miedo u oportunismo, actitudes que encajan a la perfección en las intenciones del castro–chavismo. Ahora estamos en presencia de una nueva manifestación de las luchas intestinas dentro de las estructuras del crimen organizado que, además de actuar con total impunidad en y desde Venezuela, han logrado penetrar el alto gobierno con poder determinante en el manejo del dinero y del crédito de la nación, entre otras cosas.
Recomiendo leer la entrevista hecha por el periodista Roberto Giusti al diputado Ismael García. La misma, que fue publicada en el diario venezolano El Universal del pasado 29 de noviembre, contiene información privilegiada sobre el reciente escándalo que provocó la intervención de varios bancos, la detención del empresario gubernamental Ricardo Fernández Barrueco y la prohibición de salida del país a cerca de 20 directivos de las instituciones intervenidas. Allí se confirman los rumores de la calle y se narran con valentía y claridad, tanto la historia de la crisis como los factores que han provocado el enfrentamiento entre verdaderas mafias en competencia por el control de importantísimas áreas de la vida del país, en especial de las que facilitan el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como la corrupción en general y el narcotráfico en particular.
Ismael García menciona nombres y circunstancias como un primer avance de las investigaciones en marcha. En cualquier país decente del mundo al Presidente se le exigiría la renuncia si de forma voluntaria no la presenta. En el mandatario está la primera y máxima responsabilidad de lo que ocurrió –y ocurre– con el crimen organizado. Esta crisis tiene como epicentro los intereses que se mueven alrededor del poder en el estado Barinas y en grupos específicos del sector financiero, del comercio importador de alimentos y bienes de primera necesidad y de las exportaciones de algunos rubros energéticos. Se trata de la punta de un iceberg que deja a la vista la descomposición ética y moral de un régimen putrefacto que no debe continuar.
La Constitución señala los deberes y obligaciones del Presidente. También traza los caminos a seguir en los casos de incumplimiento. No menciono solamente los artículos 333 y 350, cuyos extremos están cumplidos desde hace tiempo, sino también a los que específicamente establecen las causales de remoción.
Hugo Chávez Frías fue elegido constitucionalmente por cinco años sin reelección. Entre trampas, fraudes y trochas legales lleva en el poder 11 años. Los resultados están a la vista.