El pasado 15 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida mediante resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó, en dos informes, sus conclusiones sobre la situación en el hermano país. La Misión se conformó con los expertos Marta Valiñas (Portugal), Paul Selis (Reino Unido) y Francisco Cox (Chile), todos con amplia experiencia y reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, y trabajó junto a una secretaría de trece funcionarios en la República de Panamá. Sus hallazgos son sobrecogedores. Luego de la investigación detallada de 223 casos individuales, informados por el examen de otras 2,891 violaciones a los derechos humanos, la Misión presenta una descripción minuciosa sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en Venezuela desde 2014.
Ambos documentos son de referencia obligada para quienes dirigen nuestras relaciones internacionales, pues determinan que los crímenes documentados se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil de conformidad con dos políticas estatales distintas o en apoyo a las mismas. Estas políticas fueron: (1) silenciar, desalentar y anular a la oposición al Gobierno del Presidente Maduro, y (2) la eliminación de personas consideradas “delincuentes” mediante su ejecución extrajudicial como parte de una política de lucha contra la delincuencia. Estamos, entonces, frente a la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de los servicios de inteligencia, la policía y el ejército venezolano, bajo el control y supervisión de las autoridades estatales, tanto a nivel presidencial como ministerial, y que éstas realizaron contribuciones esenciales para su perpetración.
Según la Misión, existen “motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas”. Lo anterior deriva en la responsabilidad penal individual a nivel nacional e internacional de los dignatarios señalados.
Ambos informes concluyen con una serie de recomendaciones para la comunidad internacional, incluyendo la posibilidad de que cada Estado, de conformidad con su legislación interna, inicie acciones legales contra los responsables señalados.
En tal sentido, Panamá posee los instrumentos jurídicos necesarios para ejercer jurisdicción universal sobre estos individuos. Adicionalmente, los informes invitan, también, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a tomar en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes documentados y que están actualmente bajo su consideración. No es tarde, tampoco, para que Panamá, como Estado miembro de la Corte Penal Internacional, se una a Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y refiera la situación venezolana, en particular, los crímenes documentados por la Misión, a la Fiscalía de la Corte.
La responsabilidad internacional de la República Bolivariana de Venezuela y la responsabilidad penal individual de sus altos dignatarios por graves violaciones a los derechos humanos son ineludibles. Invito a la República de Panamá, como Estado amante de la paz y respetuoso del derecho internacional, y como parte de la Corte Penal Internacional, del Grupo de Lima y del Grupo Internacional de Contacto, a tomar en cuenta los hallazgos de la Misión en el interés de redefinir su postura en cuanto a la situación de Venezuela. Todos estamos de acuerdo en que la salida ideal a la crisis sería mediante una solución pacífica y democrática a través de elecciones libres, transparentes y justas. Sin embargo, ante la ruptura de las instituciones democráticas y del estado de derecho, la perpetración de atrocidades por parte del aparato estatal y la cultura reinante de impunidad, este escenario “ideal” se ve cada más distante y nos invita a preguntarnos, ¿puede haber paz para el pueblo venezolano sin justicia?
El autor es abogado y profesor de derecho internacional