Siendo esta una época con más incógnitas que respuestas, se supone que todos los habitantes del mundo deberían pensar en hacer lo esencial de la mejor manera posible siguiendo reglas básicas individuales y comunitarias. Entonces ¿por qué los resultados son tan diferentes?
El confinamiento en Panamá ha sido de los más estrictos del mundo, sin embargo, los resultados parecieran señalar que la estrategia aquí, falló. ¿Por qué? Varias circunstancias iniciales pudieran explicar un inicio diferente al de otros países, como por ejemplo la conectividad de Panamá como principal explicación por la llegada del virus de otras latitudes. Otro argumento es que la salida y regreso del exterior de 120 mil personas para el feriado largo del Carnaval, pudo ser otro detonante del alto contagio.
Pero a medida que la pandemia se desarrolló, muchos atribuyen el fracaso a una larga lista de factores. Ejemplo: falta de pruebas, mala toma de hisopados, poco seguimiento y trazabilidad, incumplimiento de cuarentena en áreas marginales, hacinamiento urbano, segregación por género y número de cédula, bono solidario a través de género y cédula como causante de aglomeraciones masivas, emisión excesiva de salvoconductos, falta de vigilancia en áreas críticas, comunicación insuficiente, falta de auto-crítica, exceso de auto elogios, falso sentido de victoria, credibilidad decreciente, corrupción en compras varias, prohibición de ejercitarse al aire libre, inflexibilidad, etc. En una lista de A hasta Z, los posibles errores usarían el abecedario entero.
Pero hay un elemento que pocos han señalado y posiblemente sea el factor que más ha afectado al país en su desarrollo económico y social, en la pandemia y en su recuperación. Se trata de la obsesión con reglamentarlo todo hasta el más ínfimo detalle. Esa visión napoleónica enfermiza que pudiera llamarse “reglamentitis” considera que toda actividad debe estar normada por ley y que esta deberá ser reglamentada por decreto, resolución, guía, comunicado, formulario, o decenas de otras formas de “encausar” una orden. Y aunque esta pudiera ser una variable más, resulta que es la única constante en todo. Hasta en las notas luctuosas el recuerdo del muerto queda inmortalizado bajo la figura de una resolución de duelo como si fuera difícil aventurar un pensamiento positivo de esa persona sin tener que recurrir a una resolución cajonera e impersonal.
Lo mismo aplica al análisis de lo que se quiere normar: ¿cuál es la naturaleza del asunto?, ¿qué debe corregirse?, ¿cómo? ¿qué podría pasar en el futuro? El problema de ese derrame legal -con frecuencia mal redactado-, es que impone una camisa de fuerza en los funcionarios públicos que utilizarán esas normas. Y probablemente, poco o nada de lo que se previó en la normativa sucederá en la realidad. Con frecuencia habrá contradicciones o variaciones de lo previsto que solo podrá resolverse violando la ley o mediante la intervención de abogados y jueces donde la argumentación ganadora será de quien tenga más abogados, tiempo y recursos o de quien mejor utilice formas ilegales de resolver el problema.
Regresando a la pandemia, esta “constante” pudiera ser el mayor obstáculo para que las personas asuman su responsabilidad de cuidarse y evitar el contagio. Dos ejemplos ilustran lo anterior:
1) 120 días después que inició la pandemia, la recopilación de normas ya supera 125 páginas. Colocando cinco resoluciones por página y 10 páginas por cada resolución (algunas tienen más de 70 páginas), habrá que estudiar mas de 6,000 páginas. ¿Quien puede y quiere hacerlo?
2) Se emitió un protocolo de 25 páginas y la obligatoriedad para toda empresa con más de dos trabajadores de conformar Comités de Salud e Higiene con dos personas (¡sí, lo leyó bien!) como condición para obtener un certificado de “establecimiento seguro”. ¿Seguro de qué? ¿Cuántas empresas podrán cumplir con ese trámite? En diciembre había más de 60 mil micro y pequeñas empresas y en una evaluación reciente, de 287 empresas “visitadas”, 100 aún no contaban con ese Comité de Salud.
¿Qué significa lo anterior? En este momento en que las empresas necesitan ser eficientes en recursos y tiempo, la autoridad emite reglas burocráticas bizantinas que no son mas que un obstáculo para lograr esa recuperación eficiente. Por otro lado, es probable que muchas empresas tratarán de pensar cómo burlar esa obligación en vez de pensar en forma dinámica cómo proteger a trabajadores y clientes.
Con sugerir un protocolo responsabilizando a las empresas de cumplir 6 o 7 reglas básicas, el resultado probablemente sería muy diferente, porque serían seguras y fáciles de implementar y de darles seguimiento. Nadie quiere arriesgar su salud ni de su familia ni de su entorno laboral. Es un asunto de sobrevivencia.
Entonces, ¿por qué existe la preferencia nacional por entramados legales complejos y detallados? ¿Por qué no se discute este defecto en las mesas? ¿Hace falta sentido común?
Lo que hace falta, la solución constante, se llama pensamiento crítico.
El autor es empresario y miembro de asociaciones, gremios, fundaciones y comités