Uno de los temas que generará mucha discusión durante el próximo año, será el que se refiere a la decisión de redactar una nueva Constitución para Panamá. Si bien no existe ninguna garantía que un cambio constitucional será la solución a los serios problemas nacionales y cambiará las reglas que facilitan mucha de la maleantería en que estamos sumidos, no puede tampoco descartarse por completo como una opción válida.
Sin duda alguna, la fórmula más efectiva para cambiar nuestro destino sería educar a la población de modo que aprenda a elegir mejor. Pero en un sistema carcomido por el clientelismo como el que venimos padeciendo hace ya décadas, ese cambio educativo tomaría posiblemente dos generaciones, lo cual nos pone en peligro de que, cuando se complete el cambio, ya no quede nada que salvar.
Desde hace varios gobiernos, el tema constitucional sale a pasear durante las campañas presidenciales, pero en ningún momento se percibió un verdadero interés en modificar las reglas del juego político al que tan cómodamente se han adaptado los actores de esta comedia de mal gusto. A la hora de implementar cambios, siempre apareció una excusa del tipo de “no es el momento” o “no se dan las condiciones ideales”, y así mantienen el statu quo.
El caso es que ahora sí se están dando intentos formales para convocar una constituyente que pueda darnos una nueva Carta Magna. Varios grupos han anunciado su interés en recolectar firmas para que el Tribunal Electoral organice la elección de los constituyentes que redactarían la nueva ley fundamental.
Pero este proceso que estamos viviendo en este momento, tiene elementos interesantes. Si bien algunos políticos mencionaron la constituyente como una necesidad durante la campaña en 2019, no es hasta que un grupo de personas percibidas como ajenos a los partidos tradicionales se organiza para recoger firmas, que todo el mundo se activa.
Francamente, a la luz de lo que pasa en muchos lugares del mundo, en este momento en que los partidos políticos están en sus números más bajos en cuanto a la percepción que tiene la gente sobre ellos, supongo que percibir a un grupo independiente, que al margen de lograr convocar la constituyente, pueda tomar liderazgo, no dejará de causarles cierta inquietud. Dos ejemplos: en la elección de constituyentes en Chile, los percibidos como independientes fueron los grandes ganadores y, en Panamá, en 2019, la campaña de no a la reelección demostró que muchos están (o debo decir, estamos) hartos de la forma como los partidos políticos se aprovechan de un proceso acordado por ellos mismos para, a base de residuos, apoderarse de curules legislativas que, si se contara voto a voto, no obtendrían.
Y es que el proceso de la constituyente paralela tiene tal cantidad de controles democráticos en el camino, que por momentos da la impresión que fue diseñado para que nunca pueda llegar a implementarse. Primero, hay que presentar un memorial pidiendo la autorización para la recolección de firmas. Si se llegan a recolectar las más de medio millón de firmas necesarias, entonces se convoca a una elección de sesenta constituyentes provinciales, quienes serían los encargados de redactar la nueva Constitución, para después volver a someterla a un referéndum donde la mayoría de los panameños la apruebe.
Hasta ahora, lo que luce como la asignatura pendiente es conocer bien las reglas del juego que regirán la elección de constituyentes. Si el Tribunal Electoral da prioridad a las listas cerradas, sin duda estarían favoreciendo a los partidos políticos (que insisten en creerse imprescindibles para la democracia). Mientras que si se opta por votaciones por personas individuales, los independientes tendrían mucha más oportunidad de salir electos. De allí que sea importante que, lo antes posible, se establezcan las normas para saber a qué atenerse.
Lo otro es lo referente a los temas a incluir en la Constitución. Hay muchos grupos con agendas propias y que harán todo lo posible por polarizar las discusiones y hacer inviable el proceso. Si queremos salvar nuestra institucionalidad, habría que dar prioridad a lo referente a la elección de magistrados de la Corte, definir quien se encarga de juzgar a magistrados y diputados, el número y la distribución del Órgano Legislativo, la incorporación o no de una segunda vuelta electoral para presidente y otras decisiones que son las que ahora favorecen la situación que estamos viviendo y que, de seguir así, acabará con nuestro país.
Estamos de acuerdo que no hay ninguna garantía que lo que salga de todo este proceso sea la solución a nuestros profundos problemas institucionales. Pero sentarnos a esperar que las cosas cambien con estas reglas o que haya una revolución para desbaratarlo todo, tampoco suena muy sensato. A mi modo de ver, creo que como país y de cara a nuestro futuro, debemos siquiera darnos la oportunidad.
El autor es médico
