Todo en el Decreto 229 que regula el levantamiento de las suspensiones y la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, es un sin sentido que parece escrito por el rey de Narnia y su ministra Alicia en el país de las maravillas.
La economía presenta una contracción de 20.4%. Importantes sectores de la economía, responsables del 53% del PIB y generadores de empleo, tuvieron registros negativos.
Ahora pretenden, básicamente, que de un día para otro se reincorpore a los trabajadores. Como si mágicamente, de diciembre a enero, las empresas fueran a tener trabajo para que estos colaboradores desarrollen, y plata para pagarles por este trabajo que ya no existe.
Además, ¿no les parece que este tipo de medidas debieron haber sido avisadas con mayor anticipación? Esto solo empuja a la ilegalidad.
Quizá, si no se hubiese aprobado la Ley 157 con medidas populistas “para proteger los empleos”, con la que se nos obligó a los empresarios a pagar toda la liquidación de un solo golpe, los que damos el empleo hubiésemos podido organizar mejor los despidos que de todas maneras se van a dar. Pero eso es pedirle peras al olmos.
Por otro lado, me puedo imaginar al Mitradel colapsado, tratando de revisar, caso por caso, las justificaciones para mantener a los empleados suspendidos. Si actualmente, cuando hemos solicitado la extensión de una suspensión, no han dado respuesta y simplemente asumimos que se extiende, ni pensar cuando la única manera de mantener la suspensión sea una nota explícita de esta institución. Me río para no llorar.
Y entonces, la cereza del pastel: la reincorporación de los trabajadores de más de 60 años y con comorbilidad. O sea, vamos a hacer que “se la rifen” porque el gobierno, en su máxima sabiduría, no pudo trabajar en algún tipo de modelo de pensión temporal para proteger estas vidas humanas. Vidas que aumentan su riesgo de contagio si tienen que utilizar el transporte público para movilizarse a sus puestos de trabajo. Pero en ese mismo párrafo nos atribuyen toda la responsabilidad de la seguridad de esta persona a nosotros los empresarios, y a nuestras “medidas de bioseguridad”. Es decir, en nuestras manos quedan las vidas de estas personas en riesgo.
La conclusión, cada vez más clara, es que este gobierno es incapaz de planificar absolutamente nada y que sus decisiones, lejos de aliviar, entorpecen. Una vez más, les quedó grande. Una tragedia.