El tráfico de personas es una forma de migración irregular que se ha convertido en un negocio mundial, altamente organizado y lucrativo. Nuestro Código Penal en el artículo 210 A, tipifica esta conducta con pena de 5 a 10 años de prisión, figura que se encuentra incluida en los delitos contra la comunidad internacional.
Este delito es cometido en más de un Estado, parte sustancial de la preparación, planificación, dirección y/o control fue hecho en otro Estado, involucra un grupo de delincuencia organizada en actividades delictivas en más de un Estado y tiene efectos sustanciales en otro Estado. El tipificar esta acción delictiva lo que busca es la vida humana, porque estos delincuentes lo que buscan es sacar provecho de la desesperación y la esperanza de una mejor vida de aquellas personas que viviendo en condiciones extremas se arriesgan a buscar un mejor futuro.
¿Por qué eligen a nuestro país? La respuesta es que somos un país de tránsito y destino para miles de migrantes: a. nuestra posición geográfica, b. la presencia del dólar, c. estabilidad social y política, son algunos de los factores que nos hacen ser un país de destino. Uno de los casos que más se dan en nuestro país es el tráfico de ciudadanos asiáticos, a quienes se les cobra para su traslado 20 mil dólares, dinero que incluye su traslado desde China, el trámite de sus documentos, el pago de abogados, incluyendo el comprar funcionarios, las rutas que utilizan en ocasiones son Amsterdam o Frankfort en Europa, haciendo escala en Ecuador y movilizándose vía terrestre hacia Colombia, siendo llevados a lugares como Buenaventura en el sector fronterizo en el Atlántico, para luego ingresar a territorio panameño por vía acuática.
Para poder combatir este flagelo, debemos aplicar ciertas reglas entre las que podemos mencionar: 1. conocer la naturaleza y origen de este delito; 2. protección de la víctima y de sus derechos humanos; 3. establecer capacitación y asistencia técnica; 4. cooperación entre Estados.
Necesitamos establecer una política migratoria que establezca la seguridad del Estado y el respeto por los derechos humanos.
El autor es estudiante de derecho
