Acciones de gobierno

Derechos Humanos en este tiempo

La Organización de las Naciones Unidas - ONU le ha dado a la Pandemia de la Covid-19 la calificación de “Crisis Humana”, es decir, situación de emergencia que demanda necesidades masivas de ayuda humanitaria a niveles superiores de lo habitual, donde una ejecución de forma suficiente, eficaz y diligente va a impedir que se genere, en el peor escenario, una “catástrofe humanitaria”.

Las secuelas de la pandemia que estamos vivenciando, sí bien es cierto que nos afecta a todos, impacta en mayor proporción a los grupos más vulnerables, los que incluso se les puede nombrar como “huérfanos de ayuda”; si en los tiempos habituales ya experimentábamos notables desigualdades sociales y violaciones a los derechos de las personas, en medio de una crisis humanitaria las brechas de las desigualdades tienden a crecer provocando que la condición de estas personas empeore, es aquí donde los gobiernos de los países juegan un vital rol combatiendo la pandemia desde la perspectiva de la cooperación, de la solución y primordialmente tomando en consideración “Los Derechos Humanos” de todas las personas sin discriminar.

Los Estados, a través de las firmas de diferentes tratados, acuerdan obligaciones con respecto a la ejecución y adopción de medidas que buscan el cumplimiento de los derechos humanos, es decir que son los responsables de hacer respetar (que no haya interferencia en el disfrute de los derechos), proteger (impedir que se violen los derechos) y realizar (adoptar medidas y creación de políticas públicas) en pro de los derechos humanos. Para el caso puntual de la pandemia del Covid19, son los Estados los responsables de diseñar las medidas apropiadas para abordar la crisis humanitaria garantizando el cumplimiento de los derechos de todas las personas sin exclusión alguna, en otras palabras, los mecanismos y medidas de respuesta al virus deben evitar la discriminación y la exclusión especialmente con los grupos particularmente vulnerables y desfavorecidos.

Ahora bien, es importante que observemos, con intención de evaluar, si las medidas que se han implementado en nuestro país, y las que están por implementarse, cumplen con los mínimos estándares requeridos acordes con los derechos de todos los ciudadanos, de la misma manera, desde la mirada de la objetividad, saber si estas medidas fueron “responsablemente” pensadas y diseñadas para la maximización del bien de todos y evitar que el coronavirus amplifique las desigualdades ya existentes o aparezcan nuevas.

Dicho lo anterior, a dos meses del primer caso confirmado de Covid-19, ya tenemos suficientes hechos para cuestionar desde la perspectiva de los derechos humanos si el Gobierno Nacional ha sido responsable asegurando el bienestar equitativo de todos sus ciudadanos. Iniciaré con el derecho a la información, desde que se confirmaron los primeros casos del virus, se preguntaba sobre la trazabilidad de estos, la cual fue negada en las “Conferencias de Prensa” por parte de los representantes de salud alegando que esta no era una información importante, lo que contradice a expertos en Epidemiología que reconocen la importancia de la trazabilidad del virus, para prevenir su expansión. Hablemos del derecho al bienestar, específicamente agua potable y alimentos, es bien sabido que la higiene es un aliado para evitar el virus, sin embargo, hay comunidades donde más del 50% de los habitantes no tienen acceso al vital recurso. Sobre la alimentación, la situación es aún peor, a diario se ven en los medios de comunicación los “huérfanos de ayuda” clamando por que llegue un poco de lo que el Gobierno “comunica” que está haciendo, hay familias que a más de 60 días de estar afectados no les ha llegado ningún tipo de alivio; se implementó como medida de ayuda la transferencia de alimentos el cual su distribución era tarea de los políticos de cada comunidad, con esta medida se violaron derechos, los políticos locales de manera “arbitraria” deciden quien merece la ayuda, la cantidad de alimentos (hogares con 6 miembros deben comer con la misma cantidad que los hogares de 2 miembros) y frecuencia de la ayuda (hay quienes no han recibido); los conocidos “bonos solidarios” también se han distribuido bajo los criterios de arbitrariedad de cada político local, sin dejar de mencionar el vale digital que funciona con la cédula, y que inició con solo 150 mil personas beneficiadas, dejando de lado a la mayoría de los afectados y vulnerables.

Lo anterior son solo algunas evidencias del desempeño insatisfactorio de las medidas de respuestas en relación con la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de los derechos humanos en el combate a la pandemia, entre esas directrices se detalla la inclusión de los migrantes y grupos marginados en las medidas de respuesta a la pandemia, viendo la realidad en nuestro país, esto no se está cumpliendo. También incluye que los servicios públicos deben ser provistos sin cargos para los afectados y se debe garantizar la continuidad del servicio; sin embargo, se ha dado el caso en el que algunas empresas han seguido cobrando este servicio e incluso sus sistemas informáticos siguen enviando mensajes recordando el pago.

¿Qué pasa con el derecho a la educación? Si anteriormente este derecho ya era violentado y existían muchas desigualdades, actualmente las mismas se han amplificado al límite de que la educación es un privilegio y un lujo para las mayorías y solo está a la disposición de aquellos que pueden pagar altas mensualidades a escuelas particulares; para aquellos que gozan de una computadora, tablet o un teléfono inteligente, y sobre todo el acceso a internet. La mayoría de los estudiantes panameños no están teniendo acceso a educación, esta pandemia además de maximizar las desigualdades nos ha servido de evidencia de la real situación educativa, una “educación” que no camina al ritmo del “progreso mundial”, que no es equitativa y en la que son pocos los que pueden acceder a una mejor calidad. Para algunos es vista como un negocio más para crear lucro, otros la consideran una manera viable de tener una “vida estable” (funcionarios), sin tomar en cuenta el real objetivo de la educación como un Derecho Humano y ni hablar de los poderes políticos del país que la consideran un mecanismo de manipulación masivo.

Esta “Crisis Humanitaria” ha dejado en evidencia el desempeño y compromiso del Gobierno como responsable principal del diseño, implementación y ejecución de las medidas para atenuar los efectos de la pandemia.

Los hechos del día a día por sí solos son evidente prueba de lo insuficiente, ineficaz y tardío que ha sido el rol del Gobierno durante esta “Crisis Humanitaria”.

El autor es estudiante de maestría en la UIP

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