En la actualidad encontramos en la infraestructura un medio para reactivar la economía. Debido a esto debemos continuar fortaleciendo el desarrollo de proyectos a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) y considerar los siguientes 5 factores de éxito:
1- Utilizar el mecanismo de APP desde las etapas iniciales puede llevar a las instituciones a tomar decisiones importantes, contribuir a incorporar en sus planes de inversión el esquema de manera oportuna, con el fin de maximizar los recursos con que se cuenta. Algunos proyectos tendrán la capacidad de generar los ingresos suficientes para cubrir los compromisos del proyecto. Otros no contarán con demandas suficientes y requerirán gestiones o aportes del Estado dado su alto impacto socioeconómico.
La adecuada identificación y asignación de los riesgos serán parte de la determinación de utilizar el mecanismo, con el fin de lograr una correcta administración e incorporación en la planificación de desarrollo del país.
2- Las etapas de preinversión y estructuración sientan las bases sobre las cuales se van a desarrollar las gestiones tanto públicas como privadas en el plazo contractualmente definido. No hacerlo dificultará las etapas de ejecución, por ello tiene especial relevancia.
Aunado a lo anterior, no es posible dejar de lado contar con los recursos necesarios para expropiaciones o traslado de servicios cuando estos sean necesarios, o bien, las valuaciones de los activos en el caso de reciclar u optimizar activos. Por lo tanto, es importante definir cómo obtener el mejor provecho al activo en beneficio para el proyecto ya sea nuevo, mejorado, ampliado o reciclado, así como los servicios complementarios que puedan ser oportunos y sean legalmente viables desde el punto de vista técnico, fiscal, socioeconómico y financiero.
3- Para las APP se cuenta con normativa suficiente para generar contratos. Además, el Gobierno promulgó la Ley 93 2019 que da un incentivo para realizar inversiones y fomentar la creación de empleos. Es recomendable que los esfuerzos se concentren, en primer lugar en la estructuración y licitación de los proyectos para que finalmente alcancen las etapas de gestión contractual y en segundo lugar en fortalecer los instrumentos vigentes conforme se vaya avanzando en los proyectos.
4- Una vez superada la etapa de identificación, estructuración y asignación de riesgos, ya se han invertido los suficientes recursos económicos y humanos que deben ser plasmados en un adecuado cartel de licitación que promueva la competencia de los oferentes. Esta como todas las etapas deben ser desarrolladas de manera transparente. Debilitar la confianza en el proceso y/o de las instituciones a cargo de los procesos de contratación puede ir en detrimento de los proyectos en todas las etapas.
5- Que los proyectos sean fiscalmente responsables recae sobre el hecho de que los pasivos contingentes asociados a los contratos estén debidamente identificados y valorados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los proyectos de APP generan compromisos: deuda, garantías, contingencias, entre otros.
También se deben considerar los elementos de resiliencia y sostenibilidad a fin de generar beneficios en términos fiscales. De no hacerlo es posible disfrutar de infraestructura adecuada en el corto plazo, sin embargo, los costos asociados a reconstruir infraestructura que no ha contado con un mantenimiento adecuado o no se ha adaptado a los riesgos ambientales definitivamente son mayores que aquella infraestructura que ha considerado este elemento desde las etapas iniciales.
En conclusión, integrar las etapas de diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento generaría beneficios en el tiempo y en la asignación de recursos especialmente en temas de mantenimiento. Indispensable es que el proyecto disponga de los recursos para supervisar y fiscalizar de manera oportuna y acorde a los términos establecidos en el contrato. Estos factores de éxito involucran una gestión proactiva entre el sector público y el privado de manera que los proyectos finalmente alcancen las etapas de ejecución.
La autora es Senior Manager de Consultoría en Infraestructura para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
