A dos años de un abrupto alto a causa de la pandemia, las clases presenciales finalmente se reanudan. Sin embargo, aun a pesar del tiempo que las escuelas permanecieron inactivas, el titular de cada año se repite, casi como una burla: “las escuelas no están listas”.
No hablamos de trabajos de pintura, ni de paisajismo, sino de planteles sin electricidad, sin baños o agua potable, los cuales son elementos básicos, con o sin pandemia.
Por ejemplo, el área oeste de la Escuela de Artes y Oficios Melchor de la Vega no cuenta con luz debido al robo de los cables de alta tensión que alimentan sus talleres, mientras que en Divisa, el Instituto de Artes Mecánicas no tiene agua potable. Solo con estos dos colegios hablamos de más de 5,500 estudiantes que ven sus estudios entorpecidos. Ni hablar de que aún existen 900 escuelas rancho en nuestro país o que tenemos proyectos suspendidos hace más de siete años, como es el caso del Colegio Miguel Alba en Soná.
El trabajo de mantenimiento y reparación de las escuelas del país al parecer queda grande para una institución a nivel de ministerio. O tal vez la dependencia en una institución central esté lejos de ser la solución para una ejecución eficaz y eficiente de los trabajos que estos planteles requieren.
En mi experiencia trabajando con escuelas, uno de los principales obstáculos que enfrentan los docentes, particularmente en escuelas pequeñas en zonas apartadas, es la burocracia en el acceso a los dineros del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE). Estos fondos corresponden al 27% del dinero que se recauda del Seguro Educativo y que es destinado al Ministerio de Educación para sufragar los gastos de colegios y escuelas oficiales como mejoras estructurales, mobiliario o equipos educativos. Muchas veces los directores de escuela no saben cómo utilizar ese dinero de forma efectiva ni cómo navegar la burocracia para acceder a ellos, por lo que la capacitación de los docentes en temas administrativos es crucial para el éxito de su gestión. Muestra de esto, es que según declaraciones del propio Presidente Cortizo, hay más de $69 millones sin ejecutar.
En contraste, he visto también cómo con el trabajo mancomunado de la comunidad educativa y las autoridades locales, más específicamente los municipios, se puede recuperar las escuelas a tiempo para el inicio del año escolar.
Algo que nos muestra la reincidencia en la pobre ejecución del Meduca es la falta de institucionalidad en nuestros ministerios, lo cual obstaculiza que puedan cumplir con sus mandatos constitucionales.
Más que las instituciones centralizadas, que son la norma en nuestro país, son las comunidades quienes conocen mejor sus propias necesidades, y con los recursos apropiados y empoderamiento, son los más idóneos para desarrollar sus propias soluciones. Esto, por supuesto, aplica para las necesidades de las escuelas y su mantenimiento, por lo que trasladar esta tarea a los gobiernos locales es una apuesta sensata.
Tomando esto en cuenta, mientras no exista una descentralización y empoderamiento real a los gobiernos locales y toda competencia descanse en el Meduca, todo este trabajo comunitario no será más que una muleta que habilite una gestión de un ministerio elefante.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
