El pasado martes 27 de julio de 2021, en un acto arbitrario –de hecho, no de derecho– los señores Jairo Salazar y Alex Lee, diputado y alcalde, respectivamente, asestaron una estocada al patrimonio histórico edificado de la ciudad de Colón, al demoler la histórica Casa Maal, entre las calles 3 y 4, Avenida Bolívar, que constituyera en su momento la primera cárcel de Colón y cuyos aposentos tuvieron la presencia de Pedro Prestán días antes de ser dirigido al cadalso.
Seguramente, muchos colonenses aplaudieron tan temeraria acción y ha de entenderse, toda vez que no se ha materializado un programa de difusión sobre el significado y valores históricos que encierran estos bienes testimoniales, de acuerdo al contexto en que fueron construidos. La ciudadanía colonense no puede sentir lo que no conoce, pues simplemente advierten que “un caserón ha sido demolido”.
Mientras en otras latitudes, terremotos y conflictos armados –incluidas las guerras mundiales– han arrasado con ciudades enteras, los pueblos con conciencia de que dichos sitios históricos y culturales pertenecen a toda la humanidad, les han reconstruido, pues entienden que constituye su contribución a la cultura mundial. Por el contrario, aquí por rebeldía, ignorancia, despotismo y a golpe de máquinas se destruyen.
La historia de la ciudad de Colón, con su vetusta memoria edificada, también es una contribución a la historia y cultura mundial. Lamentablemente, la demencia destructora de los politiqueros del patio, en su afán por complacer los caprichos de sus socios, no encuentra reacción enérgica. La Constitución (artículo 85) y la Ley 47 de agosto de 2002, otra vez, han sido pisoteadas por funcionarios públicos responsables ante estas.
Cuando en tiempos de guerra, los organismos internacionales han declarado intocables los bienes culturales (Consejo de Seguridad de la ONU – Resolución 2347), aquí, en tiempos de paz, alegremente son demolidos. Irónicamente, un 27 de julio de 1874, la Declaración de Brúcelas (Bélgica) concerniente a las costumbres de guerra, establecía que “…en tiempos de guerra toda […] destrucción o degradación intencional […] de monumentos históricos […] deberá ser perseguida y castigada por las Autoridades competentes” (artículo 8).
Como podemos ver, no hay excusa ni peligro inminente para destruir el tesoro histórico y cultural de un pueblo, mucho menos por rebeldía, como declarara públicamente, a través de los medios, el diputado Jairo Salazar. Es una postura propia de mentes obtusas, guiadas por intereses mezquinos que se contraponen a los de la humanidad. En Colón, nada ha sido más letal para su patrimonio histórico y cultural que la conciencia voluntariamente ciega de sus autoridades, aunado al desinterés inducido al común de la gente.
En definitiva, sabemos que no habrá justicia frente a este crimen, pero los colonenses de pluma ágil evidenciaremos en los anales de la historia de Colón a sus perpetradores. La historia no los absolverá y las generaciones futuras por sus acciones los conoceréis.
El autor es docente
