Hace sólo unos pocos días era posible conocer informes positivos sobre Haití. Se hablaba de estabilidad política, las empresas volvían a invertir aportando nuevos trabajos y se percibía un muy bien fundado optimismo hacia el futuro. Por ello la tragedia no pudo haber llegado en peor momento. El terremoto y su mortal impacto no sólo afectan todo lo que se había alcanzado, sino que además proyectan su daño hacia el futuro. Los retos que enfrentan el presidente René Préval y su gobierno han sido dramáticamente redefinidos. Deben seguir procurando mantener la estabilidad política y el crecimiento económico de su país, pero ahora además deben buscar aliviar el dolor de su pueblo y reconstruir todo lo devastado.
La comunidad internacional ha desplegado una poderosa respuesta, proporcionando ayuda a corto plazo. La comunidad interamericana de naciones — Estados Unidos, Canadá, las naciones del Caribe y América Latina— han proporcionado valiosa asistencia. Estados Unidos ha desplegado equipos de búsqueda y rescate, movilizado múltiples agencias y se han comprometido a aportar $100 millones en ayuda a la recuperación.
Este esfuerzo debe continuar para enfrentar las preocupaciones humanitarias y económicas que la nación abordará en el futuro. La ayuda internacional será esencial para apoyar las bases estructurales e institucionales que conducen al desarrollo económico y social a largo plazo. Pero para ser efectivo, dicho apoyo debe estar coordinado. La Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió horas después del terremoto para discutir la coordinación de esfuerzos de búsqueda y rescate, intercambiar información, promover donaciones y considerar maneras de estimular la recuperación. Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y la Junta Interamericana de Defensa activaron el Mecanismo Interamericano de Respuesta para ayudar a encarar el desastre.
Otras acciones bilaterales también ayudarán. La decisión del gobierno de Estados Unidos de interrumpir las deportaciones de inmigrantes indocumentados haitianos y concederles un estatus de protección temporal es un paso positivo para la recuperación de Haití. Será de una gran ayuda adicional, ya que permitirá mantener el flujo de recursos financieros y de alimentos que se necesitan desesperadamente. Los haitianos en el exterior enviaron alrededor de mil 870 millones de dólares a su país el año pasado (un 35% del producto interno bruto del país), por lo que Haití sin duda se beneficiará de un acto de apoyo como ése, al mismo tiempo simbólico y sustantivo.
El tiempo para actuar de manera colectiva y sostenida a largo plazo es ahora. Aunque cueste imaginarlo, fracasar en ese esfuerzo puede tener consecuencias aún mayores que las provocadas por el terremoto en materia social, política y de seguridad. El gobierno de Haití, sus legisladores, el sector privado, la sociedad y la diáspora (con el apoyo de la comunidad internacional) deben transformar las consecuencias catastróficas de este desastre en la oportunidad de construcción de un marco sostenible para el desarrollo futuro de Haití.