La situación que actualmente atraviesa nuestro país por motivo de la pandemia del Covid-19 invita a reflexionar sobre los complejos y crecientes desafíos que enfrentaremos en los próximos años en materia de seguridad. Las circunstancias presentes y futuras obligarán a Panamá a transformar su estrategia de seguridad nacional, incorporando una perspectiva pro hominem en su ejecución, reconociendo su carácter multidimensional y su relación intrínseca con las relaciones internacionales. Lo anterior es un llamado en contra de la securitización (“securitization”) de esta agenda pues, tal como lo corrobora el Covid-19, nuestras principales amenazas van mucho más allá del espectro policial o militar.
El propósito central del engranaje de seguridad de todo Estado debe ser siempre proteger la vida de todas las personas sujetas a su jurisdicción (nacionales y extranjeros). En esa línea de pensamiento, tal como lo señala Oona Hathaway, profesora de Derecho y Seguridad Nacional en la Universidad de Yale, los Estados Unidos de América (EE.UU.) ha invertido miles de millones de dólares en su “guerra contra el terrorismo” con el propósito de evitar otro 9/11. Sin embargo, esta inversión billonaria de recursos en la lucha contra el terrorismo, señala Hathaway, ha dejado en una posición comparativamente desfavorable a su sistema de salud pública y de respuesta para las pandemias. Lo anterior, se hace más evidente cuando se comparan las cifras de mortandad producto de la pandemia del Covid-19 (más de 40,000 en poco más de un mes) y las de los atentados del 9/11 (3,000 vidas), los más fatales en su historia. Si aplicamos el razonamiento de Hathaway a Panamá y comparamos la inversión millonaria de recursos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con aquellos destinados a robustecer la salud pública, la bioseguridad y la investigación científica, el balance sería bastante similar. Lo anterior implica la necesidad de un balance en materia presupuestaria, pues si en un mes un centenar de personas hubiesen perdido la vida producto del narcotráfico y el crimen organizado, el discurso político sería otro, probablemente en las líneas de “Estado fallido”.
La nueva estrategia panameña de seguridad debe estar informada por valiosos aportes como la “Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2017-2030” pero también necesita de un enfoque multidimensional que incorpore a la agenda varios temas sensitivos tales como los desastres humanos y naturales, el cambio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad.
Igualmente, será fundamental la recolección de data y el intercambio de inteligencia que nos permitan desarrollar sistemas de alerta temprana y planes de respuesta integral. Para tal fin, sería positivo involucrar a diversos sectores del foro nacional, incluyendo al Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, partidos políticos y sociedad civil.
Luego de superada la pandemia, es fundamental que el Órgano Legislativo en conjunto con el Ejecutivo, emulando a la comisión 9/11 de los EE.UU, constituyan una comisión especial y multisectorial con el objeto de producir un recuento total y detallado de las circunstancias alrededor del Covid-19, incluyendo los niveles de preparación estatal y la efectividad de la respuesta inmediata a la pandemia. Tampoco podrá evadir la comisión una discusión profunda sobre los estándares de transparencia, la observancia de los derechos humanos y el respeto a las instituciones democráticas que deben guiar la respuesta gubernamental en circunstancias similares a futuro.
En tales escenarios es obligatorio que el Legislativo ejerza un verdadero control constitucional sobre el Ejecutivo para garantizar la plena observancia de la Constitución y las leyes, así como el carácter temporal de las medidas de “emergencia”, pues en coyunturas como éstas ¿quién vigila al guardián? En 1795, Immanuel Kant en su célebre obra política “Sobre una paz perpetua” planteó una serie de condiciones para una paz duradera en el mundo, entre éstas estaba la conformación de repúblicas constitucionales.
Para Kant lo que verdaderamente importaba era la efectiva separación de poderes, pues, según la mayoría de filósofos de la ilustración, una democracia sin separación de poderes conduciría al despotismo democrático o blando, tal como lo acuñó Alexis de Tocqueville.
Es indudable que las autoridades panameñas, a lo largo de la pandemia, han buscado salvaguardar la vida de los ciudadanos; institucionalmente, el daño colateral lo ha sufrido la República y la separación de los poderes. Que la experiencia del Covid-19 nos guíe e inspire al desarrollo de una estrategia nacional de seguridad multidimensional.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional