¿Entienden el alcalde y los concejales que el Mirador del Pacífico es hoy la quintaesencia del espacio público al servicio del bien común, donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso físico y el recreo visual no puede ser restringido o impedido por criterios de “propiedad privada”?
¿Puede el Ejecutivo ver más allá del “valor libro” que tienen las 2.1 hectáreas que traspasó a la Alcaldía en enero pasado para este desarrollo comercial llamado “nuevo Mercado del Marisco”, i.e., aproximadamente $35 millones, y ver su valía en términos de bienestar social, de espacios dignos de esparcimiento para toda la ciudadanía y de recuperación, limpieza y belleza del frente de mar?
¿Cómo puede anteponerse el posible interés de un puñado de desarrolladores de construir un centro comercial, y rapiñar las bondades del Mirador del Pacífico, por encima del bien común de los habitantes de toda una ciudad?
¿Cómo puede justificarse un proyecto de tal magnitud y afectación al espacio público en una “consulta ciudadana” que, de acuerdo al acta publicada No. 047-2020 del 11.11.2020, parece no cumplir con los requisitos que la Ley de Descentralización y su reglamentación establecen para los mecanismos de consulta ciudadana para proyectos con fondos de descentralización del impuesto de bien inmueble, o “Programa IBI”?
¿Si la reglamentación para proyectos a ser ejecutados con fondos IBI exige consultas ciudadanas que sean convocadas “garantizando la mayor divulgación de la información, utilizando los diferentes medios de comunicación al alcance de los miembros de la comunidad, corregimiento o distrito”, y a su vez exige que se establezcan “los proyectos, monto y prioridad de ejecución”, cómo puede una consulta firmada por 22 personas, incluyendo funcionarios de la Alcaldía, donde se presenta un pre-concepto de proyecto, sin estudio de montos/costos, de acuerdo al acta de la misma, ser base legítima para echar a andar este proyecto que afectará a más de un millón de personas?
¿Si la Ley de Descentralización y su reglamentación exigen que los proyectos de inversión a ser ejecutados con fondos IBI tendrán que contar con estudios de costos y beneficios sociales, si el monto es igual o mayor de 1% del presupuesto general del estado, y de pre-factibilidad en caso de montos mayores a $5 millones, dónde están estos estudios?
¿Cómo puede el Ejecutivo traspasar terrenos públicos, que constituyen bienes patrimoniales del Estado, y el Concejo Municipal aprobar proyectos sin que la ciudadanía haya sido legítimamente convocada, con evidencia pública, transparente y participativa de todos los sectores afectados, todos los impactos ambientales, sociales, proyecciones reales de costos e identificación de posibles conflictos de intereses?
¿Cómo se preparan los pliegos de una posible licitación cuando no parece haber imparcialidad patente de parte de las autoridades?
¿Cómo pueden la Alcaldía de Panamá, y su titular, generar prioridades en los proyectos a espaldas de verdaderas consultas ciudadanas en traición al mandato de representación de los mejores intereses de los votantes del Municipio de Panamá?
¿Si la reglamentación de la Ley de Descentralización establece que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) “podrá ordenar la realización de una nueva audiencia si considera que la asistencia ha sido insuficiente”, cómo puede la Autoridad a hacerse cómplice de lo que a todas luces es un acto que traiciona el espíritu de la Ley de Descentralización? ¿O será que el director está muy ocupado desempeñando posiblemente dos puestos de tiempo completo en la AND y la UNACHI?
¿Cómo queda nuestro Estado de Derecho, nuestra institucionalidad y nuestra democracia participativa ante la clara captura del Estado y su maquinaria por intereses económicos particulares que no sirven al bienestar de la mayoría de los habitantes de la ciudad que perderían un invaluable espacio público?
¿Vamos los ciudadanos a permitirlo o vamos a hacer sentir nuestra voz en todas las formas pacíficas y legales posibles como lo exige la democracia participativa?
La autora es abogada y escritora
