La crisis de la Covid 19 ha traído al tapete la crisis del sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social (CSS), despertando nuevamente la polémica sobre lo que hay que hacer. He sido por años un estudioso del tema y trataré de explicar el origen y las debilidades, y plantear posibles alternativas de solución.
El llamado hoy Subsistema de Beneficio Definido, es el sistema de pensiones que se creó en 1941 -siguiendo el modelo de otras naciones-, y se basa en que las pensiones son financiadas por los cotizantes del momento. Cuando se inicia nuestro sistema de pensiones, existía una proporción de 60 cotizantes por un pensionado. Evidentemente, había para ahorrar para esos cotizantes y pagar a los pensionados. Se cotizaba por un período de 20 años, y la expectativa de vida después al llegar a la edad de jubilación, era de 7 a 10 años. Esas condiciones permitieron que se mantuviera una proporción viable de cotizantes vs pensionados por lo menos en los siguientes 35 años.
En 1975 hubo una gran reforma donde la cuota obrero patronal se aumentó 50%: de 12% paso a 18%. A partir de los 80, la expectativa de vida comenzó a mejorar, y se inició la disminución de la proporción cotizante-pensionado, llegando a inicio de los 90 a ser nueve cotizante por un pensionado, proporción claramente insostenible. Esto llevo al presidente Guillermo Endara a liderar una reforma para darle oxígeno al mal llamado sistema solidario.
Es verdad que hubo otros factores que debilitaron los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), como las jubilaciones adelantadas, que habían perdido su forma de financiamiento al devolverse a los trabajadores la segunda partida del décimo tercer mes.
En la reforma de ese año se suspendió dicho beneficio. Se ha calculado que esta acción de claro clientelismo político y populista, costó dos mil millones de dólares, y aún nos sigue costando, porque hay muchos beneficiarios vivos. El programa de vivienda de inicio de los 80 fue otro golpe a las finanzas de la institución.
Diez años después, el presidente Martín Torrijos tuvo que hacer otra reforma. En ese momento, la proporción de cotizante vs pensionado era cinco a uno, imposible de mantener. La principal razón es producto de la buena noticia de que hoy vivimos más. Se calcula que las mujeres viven en promedio 25 años más tras recibir su jubilación, mientras que los hombres viven 20 años más. Esto significa que se mantiene en constante aumento la cifra de pensionados porque ingresan varios miles todos los años, y se mantienen ciento de miles por lo menos 20 años más. Lo recalco: vivimos más y eso tiene un costo que debe ser financiado. Las cuotas que aportamos por 20 años, solo financian 10 años de pensión.
En la reforma del 2005 se creó el Subsistema Mixto, que estableció a partir de 2006 un sistema separado para los nuevos cotizantes, permitiéndo también el ingreso a los menores de 35 años de edad. Su objetivo fue, por una parte, poner punto final al viejo Subsistema de Beneficio Definido -mal llamado solidario-. El cálculo hecho entonces fue que todos los jubilados con el viejo sistema habrían fallecido para el año 2060. En el resto del mundo, el problema no tiene fin. Hoy, Europa y muchos países de Suramérica utilizan entre 45% a 55% de sus presupuestos totales para pagar pensiones. ¿Queremos eso?
En el Subsistema Mixto, cada uno está financiando su pensión. Los conocedores del tema actuarial señalan una debilidad de este sistema: que la pensión estará por el orden del 40% del ingreso, a diferencia del viejo sistema, que está con un retorno de 60%. Pero no hay dinero para cubrirlo, o sea que, en la realidad, no hay retorno.
Es evidente que debemos buscar las alternativas para mejorar el Subsistema Mixto. Unir ambos sistemas es un error que cometeríamos contra nuestros hijos y nietos. En el mejor de los escenarios, dentro de 10 años estaremos en la misma zozobra, y para la eternidad.
Es preciso no cometer el error de pasarle al gobierno de 2024- 2029 el problema. Es lo que ha sucedido hasta ahora, no solo como parte de decisiones politiqueras sino con el apoyo de dirigentes gremiales; sea por ideología, desconocimiento o por ocultarle a sus agremiados la verdad, abogan por esta irresponsabilidad.
Propongo una mesa de soluciones, de 30 días de plazo. El problema se conoce; las posibles vías de solución también. En esos 30 días pongámonos de acuerdo con la dosis que necesitamos aplicar, pero todos tendremos que ser parte de las soluciones, siendo el gobierno el primero, con un plan de austeridad real, para aplicar la primera dosis.
El autor es odontólogo y encargado del sistema del Médico de Cabecera 2009-2014