La diseminación de datos sobre el Covid-19 ha ido aumentando y ahora contamos con información oficial, por lo menos, dos veces al día. Esta comunicación debe verse acompañada con medidas claras, efectivas y prácticas que permitan la continuidad económica del sector productivo. Este no es el momento de demagogia ni medidas partidistas, y es ahora cuando las políticas económicas y financieras a implementar deben mostrar el compromiso con el país y el pueblo.
Anticipamos una crisis económica y debemos tener como objetivos inyectar liquidez en la economía, asistir en la administración de la liquidez del sistema y asegurar la continuidad de los diferentes entes productivos de nuestra economía. Si existe un momento cuando aumentar la deuda pública es justificable, ¡es ahora! El Gobierno debe maximizar el crédito público, la liquidez del sistema bancario y el estado de emergencia declarado para lograr estos objetivos. Las medidas deben implementarse sin distinción ni preferencia partidista o socioeconómica y en conjunto con otras medidas.
El sistema bancario cuenta con amplia liquidez, pero esta se pudiera ampliar bajando las tasas de reserva bancaria requerida en los depósitos. Con el fin de motivar a las instituciones financieras privadas a canalizar más dinero en la economía, instituciones financieras del Estado, como el Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, Banco Hipotecario Nacional y el Banco de Desarrollo Agropecuario, debieran tomar el liderazgo y expedir líneas de crédito a empresas de la localidad, implementando flexibilidad en las garantías que aceptan y en el porcentaje por el cual aceptan estas. La flexibilidad antes mencionada podría incluir terrenos en derecho posesorio o en proceso de titulación –estatus que validaría la ANATI. Las instituciones bancarias privadas se verían motivadas con una garantía gubernamental del 40% del valor de los préstamos que realicen o refinancien a partir del 15 de marzo de 2020. El Gobierno pudiera devolver todos los créditos fiscales que mantienen las personas naturales y jurídicas en su cuenta con la DGI.
El Gobierno podría asistir a las personas naturales y jurídicas a administrar su liquidez implementando medidas que permitan la continuidad de los comercios y los empleos remunerados. Estas medidas incluyen garantizarle a los bancos privados, por un período inicial de noventa días, el pago de todos los intereses en todos los préstamos nacionales vigentes al 15 de marzo de 2020. Esta garantía se complementaría utilizando el estado de emergencia declarado para suspender, por no pago o pago tardío, la ejecución de garantías en créditos de cualquier tipo y el corte de servicios públicos, al igual que los recargos, intereses y multas sobre estos créditos y servicios públicos. De manera unilateral, el Gobierno pudiera suspender las multas, recargos e intereses sobre todas las prestaciones, tributos e impuestos nacionales y municipales; suspender el pago de los impuestos anticipados y complementarios; suspender la exigencia de paz y salvo nacional o municipal en transacciones; congelar el avalúo de los bienes inmuebles; acelerar el cálculo y las resoluciones para las pensiones y jubilaciones; no cobrar el monto correspondiente al FECI; extender la moratoria tributaria hasta el 15 de marzo de 2021, y reducir el monto para arreglos de pago con el fisco al 5%.
Para asegurarse la continuidad de los entes productivos, el Gobierno debería acelerar los pagos en las compras y maximizar el uso de las tarjetas de crédito; garantizar la continuidad del pago de los salarios y contribuciones por un período de 90 días; eliminar el impuesto a los hoteles y demás lugares de hospedaje; disminuir el impuesto de combustible; acelerar el proceso de permisos de construcción y de ocupación; establecer $26,000 anuales como el nuevo umbral de exoneración de impuestos sobre la renta para personas naturales; cambiar el actual impuesto de valor agregado del 7% a un impuesto de venta del 5% y que el monto recolectado se deposite diariamente a la cuenta que mantiene el agente retenedor con la DGI; expedir un crédito fiscal de $1.05 por cada dólar que el sector financiero contribuya o asuma en la implementación de cualquier medida relacionada con la recuperación y crecimiento sostenible de la economía panameña. El Gobierno Nacional debe implementar medidas específicas para industrias severamente afectadas y con un alto efecto multiplicador como turismo y construcción.
Por el potencial de abusos existente, se deben implementar controles, como desarrollar una página web para que prevalezca la transparencia de todas las transacciones que se realicen bajo este programa de emergencia económica. Se cuantifica el impacto financiero máximo y se procede a la expedición de garantías gubernamentales a los afectados, mientras los bancos estatales facilitan créditos considerando los nuevos requisitos de crédito. Se desarrollaría la infraestructura tecnológica que permita que cada agente retenedor reporte que ha depositado por cheque o ACH el impuesto de venta recolectado. Es necesario imponer sanciones severas a aquellos que abusen de las medidas de emergencia económica, además de proveer incentivos a aquellos que reporten irregularidades y abusos.
La labor de sostener la economía local durante este período que se avecina no es fácil, pero el compromiso de actuar de manera eficiente y honesta por Panamá, nos permitirá sobrepasar este mal momento mientras cambiamos nuestra idiosincrasia y transformamos nuestra economía.
El autor es financista, presidente & CEO de Jenkins-Lara Consulting