Este 31 de diciembre, no celebraremos solo el año nuevo. Se cumplen también 20 años de la reversión del Canal.
Dentro de sus tantas funciones, la Autoridad del Canal de Panamá opera las plantas potabilizadoras de Miraflores y Mendoza, las cuales son herencia de la extinta zona del Canal y hoy proveen agua potable para los dos millones de personas que viven en la provincia de Panamá y Colón. Entre el crecimiento de esta población, el aumento de tránsitos, y los efectos del cambio climático y el fenómeno de “El Niño”, la ACP explora una serie de opciones para garantizar el suministro de agua por el resto del siglo XXI, como están el llevar agua desde el embalse de Bayano hacia el lago Gatún, así como embalsar el Río Indio.
Nuestra Constitución, en su Título XIV, el cual está dedicado exclusivamente al Canal de Panamá, especifica la responsabilidad de la ACP sobre “el uso y conservación de los recursos hidráulicos de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, constituidos por el agua de los lagos y sus corrientes tributarías”, sin embargo, esta, así como las demás provisiones dentro de este Título, están enfocadas para la operación segura, continua, eficiente y rentable de la vía interoceánica, sin referencia alguna a la provisión de agua potable.
En proporción al territorio y población, somos el 5to país con más lluvia y el 2do con más agua del mundo. En América Latina, somos el mayor consumidor. A simple vista, somos un país bendecido en abundancia, sin embargo, la realidad es que unos 250,000 panameños no disfrutan de este derecho, y 400,000 no cuentan con servicios sanitarios en sus hogares, mientras que el alto consumo que reportamos, es en realidad producto de fugas por fallas en los sistemas de acueductos. Un ejemplo tangible de esta falencia es que, según datos del Smithsonian Tropical Research Institute, 83 de cada 100 litros de lluvia que cae en nuestro país se pierden regresando al mar, mientras que solo 0.2 son utilizados para consumo humano.
¿Qué hay que hacer? La presente realidad nos llama a resolver las carencias institucionales, de infraestructura e incluso culturales, pero esto no podemos hacerlo recargándonos en una institución que, por más eficiente que sea, esta misión no está dentro de su mandato constitucional, ni en otra que ya está altamente politizada, enferma y desvirtuada ante los ojos de la sociedad.
Nuestra propuesta es la creación de una Autoridad del Agua, la cual, replicando el modelo de la ACP, estaría razonablemente protegida de la política y el clientelismo y dotada de autonomía operacional. El nuevo ente asumiría responsabilidades nacionales para garantizar acceso al agua, según cada necesidad y que en coordinación con entidades relacionadas como la ACP, la ARAP, el IDAAN, ASEP, MIDA y el MINSA, establecerían las políticas públicas necesarias para la efectiva gestión de los recursos hídricos bajo un modelo de gestión integrada en beneficio de los distintos actores que dependen de esto para su subsistencia.
El autor es miembro de la Fundación Libertad