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El consenso de los inconsultos

Existe una emoción generalizada entre los agentes sociales. Allí, en la Asamblea Nacional, epicentro donde la Constitución Política establece la fiscalización y debate de las reformas al Estado y Democracia, se esparce la frustración sobre toda institución u organización social, cívica o política que debe resistir los embates, chantajes, y caprichos de los burócratas menos apreciados por la ciudadanía, los Diputados.

Para sorpresa de nadie nos encontramos en un nuevo espectáculo circense, las reformas al Código Electoral fueron un esfuerzo mancomunado de toda la ciudadanía para transparentar, potabilizar y racionalizar los comicios que celebramos cada quinquenio, hacer efectivo el ejercicio del sufragio, profundizar la paridad de género y la funcionalidad del traspaso de mando de un gobierno a otro.

La actuación de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales es desdeñable: poco ímpetu democrático, reformas a tambor batiente, irracionalidad en la gestión del dinero de los contribuyentes y una frondosidad mediática que socava el debate objetivo. Una sesión más del pleno.

Pero ¿Por qué estas reformas resultan particularmente importantes en estos momentos? En Panamá estamos acostumbrados a elecciones multimillonarias en medio de la desigualdad imperante, persisten barreras de género y exclusión social, los candidatos gozan de emolumentos absurdos incluso antes de ser electos, existen criterios paupérrimos para la creación de circuitos electorales y no existe equidad en presupuesto, personería y voz de los movimientos sociales porque se ven supeditados por los partidos políticos.

En ese contexto, múltiples cuerpos colegiados, partidos políticos, instituciones públicas y sociedad civil lograron consensos y avances en las respectivas materias, no obstante, la felicidad duró poco. Hoy, reformas como la eliminación del fuero penal electoral, equidad en el financiamiento de candidatos de libre postulación y partidistas, el impulso eficaz de la paridad de género, y temas polémicos como el financiamiento de las campañas políticas, entre otros, están en jaque.

El descontento no se ha hecho esperar. Varios organismos oficiales, sociales y privados han condenado la transgresión a los acuerdos logrados durante un año de discusiones. Por ejemplo, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos extendió un llamado a todas las mujeres panameñas para defender el derecho a elegir y ser elegida, a través de su portavoz Elia López de Tulipano.

El propio Tribunal Electoral manifestó su descontento antes de retirarse, el Movimiento Juntos Decidimos tachó como “opaco” el proceso, y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá aconsejó un “alto” en la discusión a la espera de la incorporación y veeduría de los actores ligados a los temas.

En medio de la insatisfacción ciudadana y el ejercicio del deber constitucional del Legislativo, otras voces se han sumado para apaciguar el agridulce debate, el presidente de la República Laurentino Cortizo convocó al magistrado presidente Heriberto Araúz, y al presidente de la Asamblea Nacional Crispiano Adames para acordar una comisión técnica interinstitucional. En paralelo, el paquete de reformas fue retirado.

La Democracia prevé este tipo de controles y contrapesos para evitar las extralimitaciones de las autoridades en funciones, incluso puede resultar un vestigio de un sistema político operativo, pero no debemos olvidar que el Estado responde a los individuos y sus necesidades. Esas necesidades se ven expresadas directamente en las iniciativas ciudadanas e incidencia que generan los cuerpos y agentes sociales, porque evidentemente los partidos políticos no están diseñados para albergar propuestas contrarias al ideario ideológico o político.

Consecuentemente, los legisladores deben atender las propuestas, ideas, y proyectos que traten de forma interseccional los asuntos del país, desconocer las voces de la sociedad civil representará un retroceso institucional y democrático. Estamos a tiempo de enderezar los parámetros éticos, morales y financieros de las próximas elecciones.

El autor es amigo de la Fundación Libertad


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