Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “tortura” es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
Recientemente, un informe investigativo realizado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Adolesencia y la Familia de la Asamblea Nacional, reveló una serie de irregularidades suscitadas en distintos albergues manejados por ONG’s a lo largo de todo el país, donde niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron sometidos distintos tipos de abusos físicos, psicológicos y sexuales, mientras vivían en condiciones inhumanas o degradantes. Dichos albergues, que debían ser supervisados por el Estado, evidencian un problema de larga data y sistemático, advertido desde hace varios años.
Las intensas protestas que se han realizado para exigir justicia para las víctimas y una transformación del sistema de protección a la niñez en el país en las últimas semanas se han centrado en la Senniaf, el Mides y el Ministerio Público. Fuera de las protestas, se vislumbra una población divida, desenfocada de las cuestiones de fondo y valorando excesivamente la forma, al punto que se han creado críticas parciales que solo reconocen la responsabilidad de un componente de una cadena, de una red, de un sistema.
Resulta ineliduble la relación de responsabilidad de la Senniaf, que como órgano rector y responsable de la protección e integridad de los menores tiene funciones esenciales de constatar sus situaciones, investigar y proteger al menor, garantizando sus derechos y tomar decisiones. ¿Lo hicieron?
Los indicios iniciales hacen notar que no fue así. Pero, ante la incompetencia manifiesta, sí ese fuera el caso, ¿qué hizo el Mides como entidad rectora? ¿Cuestionó o decidió solicitar cambios de decisiones? O, como órgano encargado de repartir las ayudas económicas a los albergues, ¿realizó auditorías sobreel manejo de donaciones en dinero o especie para constar buen uso? Si no lo hizo, son responsables. Pero no solo ellos. ¿Qué hizo el Meduca cuando se dió cuenta que los NNA en diversos albergues no asistían a clases? Al MEF, ¿alguna vez le importó que la Senniaf contara con los recursos suficientes para operar o fiscalizó sus procesos de control? El Minsa, ¿alguna vez constató que todo NNA contara con evaluaciones médicas periódicas o que recibieran sus medicamentos? El Mingob, ¿alguna vez constató que cada ONG cumpliera con sus fines, objetivos y planes para garantizar su personalidad jurídica, o revisó que alguna cumpliera con los requisitos mínimos? O desde la Contraloria General de la Nación, ¿se hicieron auditorías de los fondos públicos entregados a albergues para determinar su buen uso?
Es indudable que el Ejecutivo tiene responsabilidad, pero, ¿qué responsabilidad tiene la Asamblea? Más allá del informe remitido al Ministerio Público, durante los últimos años no se les vio citando a las exdirectoras de la Senniaf o a ministros cuando los informes país de Unicef evidenciaban situaciones complejas en los albergues. No se notó interés cuando proyectos orientados a crear un Sitema de Protección Integral de la Niñez, una ley general de adopciones y otras, duermen el sueño eterno o se les dan discusiones desinteresadas, sin voto razonado y se evidencia que pesa más el deseo de terminar la sesión.
No culpo a diputados; culpo al Órgano… aunque el silencio ante la denuncia contra el diputado Arquesio Arias habla más que cualquier palabra.
Sin embargo, el Órgano Judicial ha sido muy poco cuestionado y deberia preocuparnos. La sorpresiva renuncia del hoy exprocurador general Eduardo Ulloa, son el reflejo de cómo el sistema es hasta incapaz de protegerse a sí mismo. La realidad es que sin independencia financiera ni estructural, sin recurso técnico, sin evaluaciones y con desinterés, tampoco avanzará nuestra justicia. Es que produce preguntar si todos aquellos jueces que decidieron enviar a los NNA a los albergues, ¿realizaron las audiencias de control para verificar la situación de los menores? ¿Solicitaron información de profesionales idóneos para conocer la situación de los menores? Por el lado del MP, ¿cuántas condenas han logrado, cuántas diligencias y por qué hay tan pocos vinculados? Y, ¿como nunca vieron los patrones de sistematicidad?
Preguntas sobran, las dudas quedan, pero lo evidente es que hay una cadena de incompentencia o dolo, que por décadas vidas humanas han sido quebradas y sometidas a abusos sin reparación alguna. Todos los abusos, tratos inhumanos, crueles y degradantes, nos deja claro que civiles han torturado menores, por años , con el patrocinio del Estado. Ese Estado cómplice ha incurrido en crímenes de lesa humanidad, aquellos imprescriptibles y de persecusión universal, por lo que no debe haber excusas ni dilaciones para no perseguir a los responsables ni para negar reparación a cada víctima, como también comprometerse a la no repetición de ninguno de estos actos.
El autor es empresario