Control penitenciario

El deber del Estado panameño de prevenir los hechos de violencia

El deber del Estado  panameño de prevenir los hechos de violencia
El deber del Estado panameño de prevenir los hechos de violencia

En relación con la masacre perpetrada en la cárcel La Joyita el pasado mes de diciembre, en la que fallecieron 13 internos y quedaron 14 lesionados, me permito hacer algunas observaciones al respecto.

Sabemos que esta situación no es ajena a otros países de Latinoamérica. Recordemos las dos últimas: en Brasil, en el año 2019, fallecieron 52 internos en la cárcel de Altamira; y en Honduras, al finalizar el año 2009, fueron 36 en las cárceles de Tela y El Porvenir; todos estos asesinatos se perpetraron en un contexto de extrema crueldad. Estas matanzas las realizan las bandas delincuenciales existentes en nuestros recintos penitenciarios, las que operan en medio de un silencio cómplice de algunas autoridades. Estos violentos sucesos están registrados en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas (OEA/ serv/V/II.doc 64).

Uno de los factores predisponentes –señalados en dicho informe- para que se repitan estos terribles sucesos es, precisamente, la falta de control efectivo en nuestros establecimientos penitenciarios, pero antes hay que señalar la escasa preocupación de los Estados para prevenir estos actos de violencia feroz, sea que sus autores provengan de los agentes del proceso, de los propios reclusos o bien por otras personas.

Sin embargo, cabe señalar que existen múltiples documentos y recomendaciones emanadas, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de las relatorías especiales de Naciones Unidas, que enfatizan la importancia del control efectivo de las cárceles, precisamente para velar por la seguridad física y psicológica de los reclusos y/o evitar las muertes anunciadas precisamente por estas falencias. En el mismo orden de ideas, dicha Corte reafirma en varios informes que el Derecho Internacional de los derechos humanos exige a los Estados garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo custodia.

Cabe recordar que , sobre el particular, disponemos específicamente de los llamados Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad formulados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008, las que, como su nombre lo indica, son recomendaciones destinadas a evitar estas realidades tan penosas. Asimismo, disponemos del Manual de Seguridad dinámica e inteligencia penitenciaria elaborado por Naciones Unidas en el año 2015, todos los cuales desarrollan el documento básico sobre el particular: “Las Reglas mínimas para tratamiento del delincuente”.

En un apretado compendio de estas recomendaciones rescatamos las siguientes:

1.- Terminar con el hacinamiento carcelario ( el que es constante en nuestro país: registrando 17,333 privados de libertad en diciembre de 2019) y que es uno de los factores más importantes que provocan estas matanzas.

2.- Cumplir con la separación de los reclusos por sexo, edad, tipo de delitos, etc. Según lo establecido en las Reglas Mínimas del tratamiento del delincuente.

3.- Sancionar a las personas que cometen actos de corrupción mediante investigaciones imparciales y drásticas sanciones, de acuerdo con las Reglas Mínimas.

4.- Mejorar las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas como de la falta de provisión de los servicios básicos.

5.- Evitar, de manera efectiva, el ingreso de armas, drogas, alcohol u otros objetos prohibidos por la ley, no solamente para las personas autorizadas para ingresar a las cárceles (familiares, religiosos, grupos deportivos, etc.) sino también sobre el personal de custodia y policía. Este control debe hacerse no solamente en forma manual –como son los registros e inspecciones– sino, además, con los medios tecnológicos apropiados.

6.-Establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o emergencias.

Ciertamente, también hay que considerar otros aspectos relacionados con la seguridad interna y externa de las personas privadas de libertad, cual son las fugas de delincuentes de alta peligrosidad, como los asesinos y los delincuentes condenados por tráfico de drogas. Esto es inconcebible y requiere una reingeniería a fondo para encararla.

Estoy convencida de que si se cumplieran las normas internacionales y regionales que reglamentan estas situaciones, pudieran evitarse estos hechos, que no solo repugnan, sino que afectan dolosamente a las familias de los internos fallecidos.

Por lo expuesto, si estas recomendaciones se pusieran en práctica, no habría excusa válida para que el Estado panameño no cumpla con estos principios básicos de protección de la vida e integridad de estas personas. Recordemos que también son ciudadanos que merecen el derecho a vivir con dignidad.

El autor es a bogada y criminóloga

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