El 16 de marzo de 2022, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia ordenó medidas provisionales en relación con el caso “Alegaciones de genocidio bajo la Convención sobre la prevención y sanción del delito de genocidio” (Ucrania contra la Federación Rusa). La Corte, tomando como contexto la guerra de agresión que actualmente libra Rusia en contra de Ucrania, le ordenó a Rusia suspender inmediatamente sus “operaciones militares” en territorio ucraniano, las cuales datan del 24 de febrero 2022 a la fecha. También le ordenó asegurarse de que cualesquiera unidades armadas militares o irregulares bajo su dirección u apoyo, así como cualquier otra organización o grupo de personas bajo su control o dirección, no tomen ninguna acción en apoyo a dichas “operaciones militares”.
Transcurrida una semana de esta orden, el hecho de que Rusia haya hecho caso omiso a las medidas provisionales dictadas por la Corte, las cuales poseen efectos vinculantes y crean obligaciones legales internacionales para el Estado contra quien están dirigidas, constituye un hecho internacionalmente ilícito, otro más que se suma a la lista de aquellos perpetrados por Rusia. Esto, a su vez, es otra manifestación del desprecio absoluto de Rusia hacia el derecho internacional y hacia el orden liberal internacional basado en reglas. No en vano, el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergie Lavrov, expresó, el mismo 16 de marzo de 2022, que la guerra, “no se trata tanto de Ucrania, sino del orden mundial. La crisis actual es un momento fatídico, un momento trascendental en la historia moderna, porque refleja una batalla en el sentido más amplio de la palabra”.
No conformes con haber violentado de forma flagrante la Carta de las Naciones Unidas al librar una guerra de agresión bajo la falsa premisa de un genocidio en la región del Donbás, ahora la Federación Rusa ha decidido actuar de forma contraria al derecho internacional humanitario. Esto no es poca cosa, pues se trata de la rama del derecho internacional que rige en tiempos de conflicto armado, sobre la cual existe consenso universal. Incluso, existen más Estados parte de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (196 en total, incluyendo, por supuesto, a Rusia) que miembros de las Naciones Unidas (193).
Uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario es el de distinción, el cual establece la obligación de distinguir entre combatientes y no combatientes (civiles). Este principio va muy de la mano con el principio de inmunidad de la población civil, el cual establece que las personas civiles no deben ser objeto, en ningún caso, de ataques, y que deben ser respetadas y protegidas. El reciente ataque a un teatro de la ciudad de Mariupol, el mismo 16 de marzo, en donde se refugiaban cientos de civiles, incluyendo niños, es un ejemplo más del desprecio ruso a las consideraciones más elementales de humanidad. Este ataque se produjo a pesar de que, tal y como lo constatan imágenes satelitales, se había escrito en ruso la palabra “niños” en la parte frontal y trasera del teatro. En la misma localidad se han generado reportes de deportaciones o traslados forzosos de la población local a Rusia y las fuerzas rusas han impedido la entrada de suministros de alimentos de emergencia, táctica que Jakob Kern del Programa Mundial de Alimentos calificó, además, de inaceptable en pleno siglo XXI. Cada una de estas actuaciones encajan en la definición de crímenes de guerra contenida en el artículo 8 del Estatuto de Roma y constituyen graves violaciones a los Convenios de Ginebra de 1949.
En el caso de los tres buques de bandera panameña que han sido objeto de ataques, en el contexto de este conflicto armado internacional, es propicio que nuestras autoridades recuerden que se tratan de bienes civiles y que dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, que no son objetivos militares válidos, constituye un crimen de guerra. Panamá como Estado parte del Estatuto de Roma y de los cuatro Convenios de Ginebra debe sumarse a aquellas voces que a nivel internacional y en los foros correspondientes, exigen respeto por las leyes que, por los últimos 150 años, la humanidad ha codificado en el interés de reducir los efectos lesivos de los conflictos armados.
La guerra de agresión en contra de Ucrania y el desdén de Rusia por el derecho internacional humanitario en el ejercicio de las hostilidades armadas es un ejemplo más de sus intentos, hasta ahora infructuosos, de reescribir el orden internacional establecido en 1945. En tal sentido, es necesario que los Estados amantes de la paz y respetuosos del derecho internacional condenen de forma vehemente tales actuaciones, en particular cuando las mismas están dirigidas contra personas, bienes u objetos protegidos por el derecho internacional. Coincido con Lavrov en que estamos ante un momento trascendental en la historia de la humanidad, pero difiero con él en el fondo, pues nos corresponde a nosotros los pueblos y a los Estados amantes de la paz, proteger el orden multilateral de manera frontal, pues es en el respeto al derecho internacional en donde está la única garantía fiable para la estabilidad internacional y para la paz.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
