El pasado 25 de enero de 2022, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021. El IPC 2021 constató, entre otras cosas, que los niveles de corrupción en Panamá han estado estancados desde 2012, es decir, desde que el país comenzó a ser evaluado. En una escala de 0 a 100, 0 siendo lo más corrupto y 100 lo más transparente, la calificación que obtuvo nuestro país para el 2021 (36/100) se encuentra por debajo de la media regional (43/100) y nos posiciona en el lugar 105 de 180 países examinados. Dicha calificación se encuentra matizada por la situación interna del Estado panameño, que incluye ataques a la libertad de expresión, la ausencia de rendición de cuentas y transparencia institucional, y los retrocesos en la institucionalidad democrática.
Al realizar su análisis del IPC, Transparencia Internacional identificó una verdad a leguas: los Estados cuya situación en materia de derechos humanos y libertades civiles no son óptimas, tienden a obtener, de forma consistente, puntaciones más bajas en el IPC. Lo anterior es una reafirmación de que la corrupción socava los derechos humanos y conlleva al deterioro de la democracia. En otras ocasiones, la corrupción es, más bien, una manifestación de un visible deterioro del estado de derecho. De cualquier manera, la causalidad entre la corrupción, la violación de los derechos humanos y la erosión de la democracia es evidente. Más aún, si se lleva a cabo un análisis de las complejas situaciones que enfrentan algunos de los países que, al igual que Panamá, han obtenido calificaciones deficientes en el IPC.
En las últimas semanas hemos sido testigos de un golpe de Estado en Burkina Faso (42/100) y un intento de coup d’etat en Guinea-Bissau (21/100). A pesar de que dichas situaciones ameritan un enfoque diferenciado, ambos Estados comparten la incapacidad de sus gobiernos de suplir servicios básicos, la corrupción y la debilidad institucional. Lo anterior contrasta, a su vez, con la calificación de otros Estados africanos que también han sufrido golpes de Estado en los últimos años - Guinea (25/100), Chad (20/100) y Sudán (20/100). Tales situaciones persisten a pesar de que África cuenta con un instrumento análogo a la Carta Democrática Interamericana, la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad, y son contiguas a la voluntad probada de mecanismos regionales como el ECOWAS de utilizar la fuerza militar para restablecer la democracia, dejando entrever la vinculación entre la erosión democrática y la corrupción.
La reciente experiencia de Kazajistán (37/100) con la subsecuente intervención militar rusa bajo la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, también pone de relieve como la corrupción facilita la instauración de modelos autoritarios y cleptocracias. En ese mismo sentido, hay un aspecto poco analizado de las actuales tensiones geopolíticas entre la Federación Rusa (29/100) y Ucrania (32/100) que van de la mano de las intenciones ucranianas de incorporarse a la OTAN y a la Unión Europea (UE). El procedimiento que Ucrania debe seguir para incorporarse a la UE incluye la adopción de un acuerdo de asociación, el cual, previo a su celebración, requeriría que Ucrania adoptase políticas públicas concretas en materia de lucha contra la corrupción. A pesar de que Ucrania ha mejorado, en los últimos años, su puntuación en el IPC, se hace evidente que para cumplir con los requerimientos de la UE, Ucrania necesitaría de una profunda transformación de su modelo político. La simple posibilidad de contemplar tal transformación representa una afronta directa al modelo autoritario que prevalece en la región, pues el nuevo modelo vendría acompañado de mayor democracia, transparencia, derechos humanos y fortalecimiento institucional, valores que aterrorizan a cualquier régimen autoritario.
En materia de derechos humanos no es necesario irse a otras latitudes para entender su causalidad con la corrupción. En nuestra región los tres Estados con peor evaluación, sépase Haití (20/100), Nicaragua (20/100) y Venezuela (14/100), enfrentan serios desafíos. Solo es necesario recordar el magnicidio de Moïse, los desaparecidos de la dictadura de Ortega-Murillo y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Maduro, para respaldar tal aseveración.
Entre los Estados con resultados deficientes se encuentra Panamá que, no obstante su pobre desempeño, goza de una relativa estabilidad política, económica y social, sin violaciones sistemáticas a los derechos humanos ni la instauración de un régimen autoritario. Esto ha sido motivo de análisis llegándose incluso a catalogar como el “excepcionalismo panameño”. Dicha excepcionalidad se encuentra condicionada a la ocurrencia de un acontecimiento inesperado, tal y como sucedió con la revolución islámica en Irán (1979) o los recientes sucesos en Kazajitán. Aunado a lo anterior, el IPC nos recuerda que nuestra reputación a nivel internacional no es óptima. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Dean Acheson nos introdujo al concepto de “situaciones de fortaleza” que consiste en defender los intereses del Estado desde una posición estratégica favorable. Dicho concepto debería ser aplicado por Panamá en su política exterior. Lamentablemente, en la medida en que los niveles de corrupción continúen estancados, será muy difícil posicionarnos en temas de democracia y derechos humanos, pues dada su causalidad con la corrupción, éstos distan de ser nuestra fortaleza, parecen ser nuestra principal debilidad.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
