Acabamos de culminar el agotador pugilato de fijar un nuevo salario mínimo. Un proceso que por ley se hace cada dos años, aunque la Constitución no dice que deba ser así, ni con esa frecuencia. El proceso es un tira y jala inacabable para ver quien sube más o menos.
El proceso se ha complicado desde que el Innombrable decidió que hubiese salarios por actividad y por región mas que por eficiencia económica (¡no la tiene!) que como para favorecer o encarecer las actividades a amigos o enemigos políticos. Su sucesor, no quiso volver a un sistema sencillo porque los intereses laborales y políticos se adueñaron de estas distorsiones, que se asemejan más a un control de precios que a un mecanismo de redención laboral.
A estas alturas está claro que un aumento al salario base es una barrera al empleo no calificado y una fuente de inflación. Pero hay más, un aumento base siempre crea presión sobre toda la escalera salarial. Pero la escasa productividad laboral compensa poco los salarios hacia arriba, comprimiendo la masa salarial que no se ajusta como se ajusta el salario mínimo. Esto lo muestra el Indice Kaitz, que no es más que la relación del salario mínimo al salario promedio del país. Entre más se parezca el salario mínimo al promedio hay más rigidez salarial.
Para países del segundo mundo como nosotros se utiliza un índice Kaitz Ajustado. Con un índice ajustado de alrededor del 30% el salario mínimo estaría en línea con la economía. Allí están la mayor parte de las economías desarrolladas. Arriba de eso se empieza a afectar el mercado laboral. Una reciente publicación ubica el índice de Panamá en 57% y nuestros pares Chile y Uruguay en 47% y 39%, respectivamente. Eso dice dos cosas, que tenemos un agotamiento de la productividad laboral y los salarios, así lo reflejan, y que empujar de abajo hacia arriba difícilmente va a lograr mejoras en la eficiencia laboral. Todo lo contrario.
Pero el desenfoque es tal que tirios y troyanos ven en ese ejercicio de salario mínimo una medida de bienestar y capacidad de compra cuando no lo es. Seguimos pensando que la calentura está en la sabana y no vamos al meollo del problema; producimos poco para lo que pretendemos ganar.
Esta distorsión no ha hecho crisis por varias razones. Una ha sido la baja inflación histórica. Otra, es que hemos suplido la falta de ingreso real con auxilios estatales. Son los subsidios en gran medida quienes suplen esa falta de ingresos del trabajador y que a su vez es la consecuencia de la falta de productividad laboral. ¿Por qué no calculamos cuánto representa a un trabajador de ingresos bajos no pagar impuesto sobre la renta, o cuanto tendría que pagar por los servicios públicos, sin subsidios? ¿No alegan los promotores de vivienda que los subsidios a los intereses hacen justicia al poco poder adquisitivo popular? Entonces ¿qué pasaría si eliminamos los subsidios? La gente exigiría de inmediato mejores sueldos, que esta economía, con sus rigideces laborales, no puede pagar sin deteriorarse.
En otras palabras, pareciéramos estar pateando la lata, esperando subsidios estatales crecientes (que sufragamos solo los del medio) para esa falta de productividad de empresas y empleados. Pero los subsidios tienen altos costos y además no son infinitos, de hecho aquí ya estamos más que pasados en lo que gastamos respecto al PIB.
Lo Kafkiano es que nadie se aboca en serio a resolver el problema de la productividad y la competitividad. ¡Ese es el verdadero elefante en el cuarto! Mas que un elefante es un mastodonte, gigantesco y ya extinto en otras partes del mundo. La productividad aquí es un tema de conversación, pero no de debate. Es la palabra favorita de los empleadores y empleados, pero nadie sabe de qué estamos hablando cuando ni siquiera se molestan en medirla.
Una agenda hacia la productividad y la competitividad es extensa y de múltiples tareas. Hay que reganar la flexibilidad de gestión, subir los escaños perdidos en el “Doing Business” del Banco Mundial, reducir la corrupción y, por supuesto, hacer eficientes los servicios públicos. Pero en el centro de la agenda debe estar una reforma laboral profunda, de igual importancia que una reforma educativa.
Omar Torrijos llamó “Abuelo” a un Código del Trabajo de 25 años (de 1946 a 1971). Ahora tenemos un código “Bisabuelo” de 50 años (1971-2020), que no solo es antiguo, sino desfasado de las realidades laborales que han surgido de la revolución tecnológica y la globalización.
En una buena reforma solo tienen que perder los que se aferren a mantener vivo el mastodonte.
El autor es director de la Fundación Libertad