En las últimas semanas se han producido una serie de acontecimientos internacionales que involucran, directa o indirectamente, a la República de Panamá. El derrame de petróleo en Mauricio, la crisis del acuerdo nuclear de Irán y la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) evidencian que todas nuestras acciones de política exterior están interconectadas. Inclusive, aquellas acciones que puedan ser consideradas inconsecuentes, a través de nuestra interacción con la comunidad internacional, entre idas y venidas, nos imponen una obligación de coherencia y consecuencia.
El incidente con el buque de bandera panameña, Wakashio, en las aguas territoriales de Mauricio nos demuestra la importancia de desarrollar alianzas estratégicas. Mauricio por su posición geoestratégica debería ser un aliado natural para el país con la flota de marina mercante más grande del mundo. Sin embargo, nuestra postura respecto a la soberanía del archipiélago de Chagos parece indicar una intención contraria. Panamá se abstuvo en la votación que sometió la cuestión del archipiélago de Chagos a la jurisdicción consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Igualmente, no contribuyó al procedimiento consultivo, en donde se determinó que Gran Bretaña no había culminado de forma legal el proceso de descolonización de Mauricio y que su presencia en el archipiélago de Chagos constituía un acto internacionalmente ilícito.
Más recientemente, nos abstuvimos en la votación de la resolución 73/295 que exige el retiro de la administración colonial. Acciones como éstas, aparte de constituir una contradicción histórica, generan resentimiento en el Estado afectado y lo predisponen al ejercicio de posturas rígidas e, inclusive, hostiles cuando se producen situaciones como las del Wakashio.
En líneas similares, la crisis en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) por el acuerdo nuclear de Irán, nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de las acciones de Panamá a nivel internacional. El acuerdo nuclear de Irán es un instrumento vinculante para todos los Estados miembros de la ONU. Dicho acuerdo ofrece a Irán el levantamiento de las sanciones adoptadas por el CSONU a cambio del congelamiento de su programa nuclear. La administración Trump considera que este acuerdo no es efectivo y cesó su participación en el mismo. Además, buscó extender de forma indefinida ciertas sanciones que el acuerdo levantaría. Esta pretensión fue rechazada por el CSONU. Ante esto, los Estados Unidos (EE.UU.) decidió iniciar, de conformidad con el acuerdo, el procedimiento para restablecer todas las sanciones levantadas. Este proceso único conocido como el “veto invertido” fue concebido como una fórmula diplomática de consenso que permite a cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad, restablecer las sanciones contra Irán. Al EE.UU. invocar el incumplimiento del acuerdo por parte de Irán, el CSONU queda obligado a adoptar una resolución prolongando la aplicación del acuerdo nuclear, la cual EE.UU. podría vetar. En tales circunstancias se restablecerían todas las sanciones vigentes antes del 2015.
La postura de EE.UU. es contraria a la de la mayoría de los miembros de la ONU, quienes todavía creen en la viabilidad del acuerdo. ¿Cuál es la postura de Panamá? En 2019, anunciamos el retiro de nuestra bandera a casi 60 naves, en su mayoría tanqueros, vinculados a Irán. El razonamiento de esta decisión fue la existencia de sanciones internacionales. No obstante, no había sanción internacional alguna vigente en contra de Irán debido al acuerdo nuclear. La materialización del “veto invertido” pondría a Panamá en un predicamento muy particular, entre su principal aliado y la institucionalidad misma del CSONU, al que, dicho sea de paso, aspiramos ocupar un asiento no permanente para el 2025-2026.
Esto nos lleva al respaldo de Panamá al candidato de los EE.UU. a la presidencia del B.I.D. Dicha candidatura rompe con una tradición de más de 60 años, en la que la presidencia del B.I.D. era ocupada por un latinoamericano. A pesar del respaldo de 17 países al candidato estadounidense, la postura de posponer las elecciones promovida por México, Chile, Argentina, Costa Rica y la Unión Europea ha tomado fuerza. Independientemente del resultado final y ante la ruptura del consenso latinoamericano, no es difícil prever ramificaciones en otros ámbitos (GRULAC y CELAC).
Los acontecimientos analizados reflejan una desconexión entre las distintas acciones de la política exterior panameña. Situaciones de esta naturaleza, a su vez, reafirman la necesidad de que Panamá desarrolle una estrategia internacional coherente sustentada en el pensamiento estratégico y en una planificación basada en contingencias y resultados.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional