La riqueza de especies en Panamá es una de las más importantes a nivel global, siendo el segundo sitio clave en Mesoamérica para su preservación. Además, es considerado el vigesimoctavo país en el mundo con mayor diversidad biológica; posee mayor número de animales vertebrados que cualquier otro país de Centroamérica o el Caribe y mayor número de especies de aves que Estados Unidos y Canadá juntos. Tiene el 3.5% de las plantas con flores y 7.3% de especies de helechos y afines del mundo. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) abarca aproximadamente 32% de área terrestre y 12% de áreas marinas del territorio nacional
Diversos estudios científicos revelan que la privilegiada posición geográfica de Panamá la convierte en un área estratégica para la planeación de la conservación global, porque sus bosques juegan un importante papel como corredores biológicos migratorios entre Centro y Suramérica. Pero, el impulso frenético que el actual gobierno le imprime al modelo extractivista minero es extremadamente preocupante, porque con la instalación a tambor batiente de una mesa de negociación, al margen de la ley, la ciencia y la razón, pretenden timarnos con la farsa de la “minería responsable, verde y sostenible”, que no es más que un discurso corporativo utilizado para garantizar la entrada fácil de estos proyectos y el espejismo de que se trata del dínamo de nuestra economía.
Como si lo anterior fuera poco, el anteproyecto de ley 58, que declara reserva hidrológica a El Montuoso, en Herrera, que subroga la Ley 12 de 15 de marzo de 1977 y que recientemente fue prohijado en la Asamblea Nacional, abriría un compás nefasto de titulación de áreas protegidas y debilitaría aún más la ya golpeada gobernanza ambiental, pues el esquema podría ser aplicado en otras áreas protegidas, provocando irremediablemente el deterioro de los servicios ecosistémicos y la disminución del bienestar y salud humana, sin soslayar la burla descarada a los compromisos internacionales adquiridos por Panamá, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Ramsar y el Acuerdo de París, entre otros.
Duele reconocer que la ley de la Madre Tierra es solo un discurso hueco de nuestros funcionarios públicos, porque en la práctica el Ministerio de Ambiente es el gran convidado de piedra, toda vez que con sus acciones y omisiones demuestra que la conservación in situ del patrimonio natural es marginal y su rol está encaminado a adecuar mezquinos intereses económicos cortoplacistas en la gestión ambiental; dicho en otras palabras, hacerle el vestido a la medida a las inversiones perversas y abominables en Panamá.
Respetemos el “principio de no regresión en materia ambiental” y frenemos la supresión de las exigencias ambientales por intereses oscuros que no logran demostrar ser jurídicamente superiores al interés público y común, porque dichas regresiones ponen en peligro nuestra existencia y la de las futuras generaciones. Exigimos la prohibición a la minería metálica a cielo abierto y la no titulación de áreas protegidas.
La autora es presidenta de la Alianza para la Conservación Ambiental (ACD)
