Trabajar para el Estado debería ser motivo de honra y orgullo; sin embargo, el sector público ha sido politizado de tal manera que, cada cinco años, entran y salen nuevos funcionarios de altos cargos sin cualquier compromiso o sentido de pertenencia hacia la institución que dirigen. Esta inestabilidad, creada por la política partidista, ha dado como resultado el deterioro notable de los servicios públicos.
Muchas entidades carecen de estrategias y de planes de acción bien cimentados y orientados a resultados y mejoría continua. Es decepcionante ver que pocas instituciones han visto pasar por ellas a verdaderos líderes, aun cuando hay tanto personal panameño calificado. Es más que evidente que esta situación empeora cuando el funcionario ni siquiera está apto para el cargo que le fue atribuido, como sucede en la mayoría de los casos.
Queda rezagado cada avance logrado cada vez que se tiene un buen servidor público al mando, pero que sus planes no progresan o no se concretan porque el siguiente gobierno en turno trae consigo otro paquete de funcionarios que no le dan continuidad a las buenas obras y prácticas hechas en períodos anteriores.
Urge corregir nuestro rumbo y crear valor público a través de nuestras instituciones y de los servicios prestados, y eso incluye cuidado y atención para con los funcionarios que se encuentran en la base de la pirámide jerárquica. Nos escandalizamos a diario por los exuberantes salarios que tienen miles de servidores, con funciones poco claras y, en muchas ocasiones, en posiciones de relleno y sin objetivos definidos, solo por cumplir con promesas de campaña, pero, ¿realmente nos hemos dado a la tarea de fiscalizar y verificar los salarios de los conductores, mensajeros, cajeras y trabajadores manuales, etc.? El salario de estas personas que, en muchos casos, llevan años sirviendo al Estado, es hasta 8 veces inferior a los salarios de los funcionarios que se encuentran en la cima de la pirámide, aquellos que llegan por amiguismo o afinidad política cada quinquenio. Es inhumano que un trabajador manual devengue $600 desde 1975. ¿Cómo es posible que en 45 años no se le haya considerado un aumento de salario o para escalar en la estructura organizacional?
La brecha salarial es evidente en todas las instituciones del Estado, lo que nos acaba demostrando el poco interés que hay por mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Las planillas demuestran que incluso hay diferencias considerables entre un ministerio y otro, para servidores que realizan la misma función.
La poca valoración que se le da al recurso humano del estrato más bajo en el sector público, es también producto y reflejo de nombramientos a los cuales no se les da seguimiento, porque vienen de otros periodos o porque fueron nombrados por otro partido. No se puede mejorar el rendimiento de una institución, si quienes la hacen funcionar están descuidados y, peor aún, sin derecho a réplica o a queja, porque eso supondría el despido.
Tenemos, como ciudadanos, el deber de fiscalizar nuestras instituciones y de luchar por la igualdad de derechos y deberes dentro de ellas, es decir, por dignificar a cada uno de los que en ellas desempeñan funciones de mayor o menor complejidad. Esto incluye el velar principalmente por aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad social, económica y psicológica. Desde afuera, nosotros podemos ser su voz en la lucha por erradicar la desigualdad sistémica, que ha crecido de forma evidente en los últimos años.
Será conveniente para todos unirnos y usar el poder de la participación ciudadana para llegar a ser agentes de cambio en la calidad de vida de los miles de trabajadores públicos, esos que conocen mejor que nadie nuestras instituciones y que están dispuestos a seguir sirviendo. No podemos olvidar que cuidar al funcionario público es cuidar nuestras instituciones y, con ellas, al Estado.
La autora es ciudadana
