Las dos palabras del título de hoy no debían estar, bajo ninguna circunstancia, en la misma oración. Tristemente, en Panamá llevamos un par de semanas discutiendo el tema, pero bajo el título falso de “embarazo adolescente”. A los 8 años de edad, nadie es adolescente, se está en tercer grado de primaria (como máximo) y sus actividades deben ser aprender las operaciones matemáticas básicas, escribir sin faltas de ortografía y apenas comprender cómo funcionan los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio, y que a los niños no los trae la cigüeña desde París.
Nuestro despreciable sistema no ha sido capaz de ofrecerle un aborto seguro y ha obligado a una niña de ocho añitos a cambiar su osito de peluche, por un bebé de carne y hueso, el cual a todas luces no está preparada para atender y mucho menos educar. Sin duda hay personas que permitieron que ese embarazo progresara hasta más allá del momento en que está permitido el aborto por violación o por riesgo materno (que ambos aplicarían). Pero si proyectamos más allá, cuando esa madre tenga 14 años de edad, tendrá que mandar a su hijo a la escuela y ver cómo le procura el mejor ambiente posible. Eso, si no es que tiene un par de hijos más, producto del mismo sistema que no hará nada para evitar que estas cosas sigan pasando, al negarse a dar educación integral en sexualidad, como en los países civilizados.
Como es de esperarse, a todos nos escandaliza una niña de ocho años embarazada. El deseo natural y justificado es darle un castigo ejemplar al violador que produjo ese embarazo (a los 8 años no existe consentimiento y siempre será una violación). Pero el discurso de “la certeza del castigo” o las quejas de que hay que castigar ejemplarmente al violador, no resuelven el problema. Un individuo que viola a una niña o un niño es un enfermo. Y los castigos no van a cambiar su conducta, producto de un claro trastorno. Está bien demostrado hace mucho, que ni la cárcel ni la pena de muerte reducen estas conductas patológicas. La “certeza del castigo” y los “castigos ejemplares” son una curita que se pone la sociedad para sentir que hace algo, pero no resuelve el problema de las víctimas. Ni la madre, ni el niño.
Pero este caso no es más que una muestra de un problema mucho más grande. De acuerdo a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, en dos años, 851 niñas de menos de 14 años de edad fueron madres; todas producto de violaciones. A todas ellas, violadas, el sistema no les facilitó interrumpir ese embarazo con un procedimiento seguro. Todo esto, por una eterna discusión donde un poco de fanáticos bloquean todo intento de progreso social, con su clásica monserga moralista de pacotilla. A ninguno de esos que “defienden la vida del no nacido” parece importarle la vida de quienes ya nacieron. Y encima, tuercen conceptos, como “patria potestad”, a su antojo. Esos consideran que los padres tienen que autorizar que a un adolescente se les enseñe cómo se pone un condón, pero no pueden autorizar un aborto terapéutico a su hija de 8 años, porque “la patria potestad tiene límites”. Aún recuerdo que la última vez que se discutió este tema en la Asamblea (que debía ser una decisión del Meduca y no requerir de una ley), el felizmente no reelecto presidente de la Comisión de Salud de aquel tiempo ignoró lo que se presentó, para luego reunirse con un poco de pandereteros e imponer un programa que evidentemente no ha servido de mucho.
La manera de prevenir estos casos es solo con educación. Educación integral en sexualidad. A la cual un poco de ignorantes se opone, porque incluye conceptos “progres”, como que una persona homosexual tiene los mismos derechos y merece el mismo trato que cualquier otro ciudadano. Eso hay quienes se niegan a aceptarlo. Y esa educación integral tiene que comenzar desde muy temprano en la vida escolar. Obviamente, no es que a un niño de segundo grado se le enseñe a usar un condón. Es explicarle cuáles son los signos de alarma para abuso (sea en la escuela, la casa o su entorno social), cómo y cuándo deben denunciarlos, así sea su padre, el cura o el médico quien abusa. Esas enseñanzas no son una materia, sino una formación necesaria para el desarrollo integral de la persona. Conforme los muchachos van madurando se integran otros elementos para garantizar el desarrollo de una sexualidad sana y segura. Lo peor de todo es que esta falta de educación afecta principalmente a los más vulnerables. Porque si se tienen recursos, en caso de un embarazo no deseado buscan cómo resolverlo.
Pero aquí hay otro elemento para pensar. La escuela es un elemento básico para prevenir, identificar y denunciar el abuso infantil. Y aquí la pregunta: ¿hasta dónde este embarazo que nos tiene a todos escandalizados hubiera podido interrumpirse si la niña hubiese estado asistiendo presencialmente a la escuela? Seguramente alguna maestra o alguna compañera hubiera dado la alarma que permitiera evitar el embarazo o suspenderlo a tiempo. Ese, bien puede ser otro “daño colateral” de un sistema escolar que se ha dado el lujo de mantener las escuelas cerradas por dos años y que no ha sido siquiera capaz de arreglar las infraestructuras para volver a clases en un entorno adecuado.
Este caso del embarazo infantil es mucho lo que nos dice de nuestra sociedad. Una sociedad mojigata, incapaz de abordar temas serios como la educación sexual, la igualdad de derechos para todos o el derecho a morir dignamente, con la responsabilidad que se impone en pleno siglo XXI.
El autor es cardiólogo
